El Concello de Ourense traslada a las asociaciones Miño y As Burgas

La junta de gobierno del Concello de Ourense ha decidido desistir del contrato de arrendamiento de dos bajos en la calle Doctor Marañón y la Avenida das Burgas que cedía a la agrupación vecinal Miño y la asociación As Burgas para que tuvieran su sede. 

La administración Jácome ha dado instrucciones para que ambas entidades vayan desalojando los bajos, siendo el uno de marzo la fecha escogida para el fin definitivo del contrato, indicando también que se ha de “dar traslado da presente resolución ao arrendador para o seu coñecemento e ás entidade cidadás a efectos de requirimento para que deixen libre os locais antes da data sinalada”.

Xa viña tempo que había ese runrún de que nos ían cancelar o aluguer. Non nos pillou moito de sorpresa"

El destino de ambas entidades será la Casa da Maxia, un inmueble de propiedad municipal, que nunca funcionó con la intención prevista por el gobierno bipartito PSOE-BNG, y que llegó a cederse a la Diputación para que alojara el “Museo de Os Bolechas”, que tampoco llegó a abrir sus puertas. Xose Manuel Piñeiro, presidente de la Agrupación Miño, indicaba que “xa viña tempo que había ese runrún de que nos ían cancelar o aluguer. Non nos pillou moito de sorpresa porque xa contabamos con iso, pero tampouco pensabamos que ía a ser agora”. Piñeiro añadía que “fomos ver aquilo e bueno, haberá que facer alí algunha obriña porque non hai enchufes”, indcando que mantendrán una reunión en el Concello para conocer los detalles del traslado.

 

Más frentes judiciales

Otro de los asuntos que marcaron la junta de gobierno fueron la obligación de personarse en seis nuevos casos de reclamación salarial. Tres de ellas se tratarán en el Juzgado del Contencioso administrativo nº2, otros dos en el nº1, fechados durante el mes de abril, y el último caso será tratado en Vigo a comienzos de febrero. En todos ellos, los demandantes reclaman al consistorio los complementos salariales de nocturnidad y festividad no satisfechos, en algún caso remontándose los impagos al año 2017.

Otra resolución judicial obliga a la administración Jácome a indemnizar con más de 12.000 euros al propietario de un establecimiento cerrado por orden municipal al considerar que funcionaba como pub pese a tener licencia únicamente para ser café-bar. Los propietarios del local acudieron a los tribunales tras un rechazo por silencio administrativo de una reclamación patrimonial, pidiendo incialmente 24.000 euros de indemnización. La justicia estimó solo parcialmente sus argumentos.