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DOCUMENTO SIN FISCALIZAR
Sobre la mesa de la junta de Gobierno del 24 de septiembre estará una convalidación de la función interventora para sacar adelante el contrato de control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La administración Jácome justifica su decisión en la “omisión da fiscalización previa da adxudicación do contrato”, pese a que la ausencia de esa fiscalización podría conducir a una nulidad del procedimiento.
La empresa adjudicactaia será Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y, si no se retira el punto del orden del día, será quien gestione el control de tráfico en la “almendra” central de Ourense por 750.000 euros; de los que recibirá dos pagos de 730.000 euros en 2026 y más de 18.000 en 2027, “subordinado á existencia de crédito axeitado e suficiente no orzamento municipal dese exercicio”, de acuerdo a la relación de asuntos de la junta municipal.
La empresa Prace Servicios y Obras es la elegida por el gobierno municipal para ejecutar la instalación de rampas deslizantes en la Rampa de Sás. El contrato que establecerá la junta de Gobierno en su reunión semanal establece un pago de 3,33 millones para la humanización de la calle y “a mobilidade vertical”, pidiendo a la adjudicataria cinco años de mantenimiento integral de los tapices rodantes y otros cuatro de garantía.
La administración Jácome considera que la de Prace era “a oferta de mellor calidade-prezo”. Prevé la construcción de hasta seis tramos de rampas deslizantes que permitan salvar “a forte pendente existente”. El tramo a humanizar comenzará en la confluencia con la Plaza de O Couto, y llegará hasta el instituto del barrio. La intervención comenzaría en un punto próximo a los tramos de la avenida de Portugal aún en obras.
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