Jácome, el alcalde que oculta su patrimonio

Hay que decirlo claro desde la primera línea, porque el dato es tan contundente que no admite matices. Gonzalo Pérez Jácome es el único alcalde de una ciudad gallega, el único concejal de la corporación de Ourense y único diputado provincial que esconde su patrimonio públicamente. En un ecosistema político donde conviven cientos de cargos públicos de todas las ideologías, se ha quedado solo. Es la excepción que confirma una regla inquietante: quien apaga la luz es porque no quiere que veamos lo que está haciendo.

Aunque, siendo honestos, esta opacidad no debería sorprendernos. No estamos ante un despiste, sino ante un modus operandi coherente con el personaje. ¿Cómo nos va a extrañar que oculte sus cuentas a la ciudadanía el mismo hombre al que toda la ciudad escuchó en los audios publicados por La Región jactándose, con una crudeza pasmosa, de saber cómo gestionar dinero negro y realizar maniobras financieras turbias? Quien presume en privado de burlar el sistema, difícilmente va a cumplir en público con las normas de la decencia administrativa.

Jácome es el único diputado provincial de Ourense que no publica sus declaraciones de bienes y compatibilidades.

El hombre que llegó a la Casa Consistorial prometiendo dinamitar el sistema, acabar con la “casta” y poner luz y taquígrafos en cada cajón ha terminado construyendo un búnker alrededor de sus cuentas. Durante años, Jácome ha sido un ocultador nato. Su historial es un folio en blanco. La única vez que fingió transparencia fue en 2019, y el resultado fue un insulto a la inteligencia de los ourensanos: presentó una declaración ridícula, vacía de contenido real, donde decía “administrar” sociedades y un viejo Golf. Desde entonces, el cerrojo ha estado echado.

A la fuga

Este mes de febrero, Jácome ha abandonado su escaño en la Diputación. Se baja del ente provincial, renuncia a esos emolumentos que -sumados a su sueldo municipal, ese del que no informa ni a Hacienda en los portales públicos- lo encumbraron estos últimos años como el alcalde mejor pagado de la comunidad.

Pretende que la ciudadanía crea que esto es un sacrificio voluntario. Que se va por cansancio, o por una súbita vocación de austeridad franciscana. Pero en los pasillos de los juzgados y en los mentideros políticos lo ven más como una huida preventiva. Y tiene una fecha marcada en rojo en el calendario que explica sus prisas: el próximo 13 de febrero, día en el que tendrá que declarar en calidad de investigado por un presunto delito de apropiación indebida.

Para comprender la magnitud del desafío que representa la opacidad de Jácome, debemos acudir a los fundamentos del Estado de Derecho. La transparencia no es un capricho estético ni una cortesía del gobernante hacia sus súbditos. Es, como señala la legislación, un pilar de la salud democrática que el alcalde de Ourense ha decidido demoler.

Obligación legal

El preámbulo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es demoledor en este sentido: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”.

El legislador lo dejó claro y por escrito: “Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación”. La transparencia es, por tanto, “la condición indispensable para construir una relación de confianza entre los gobernantes y los gobernados, pilar sobre el que se asienta toda democracia sólida y saludable”.

Pero en el caso de Jácome, este escrutinio es aún más urgente e innegociable. No estamos hablando de un alcalde cualquiera, sino de uno que ha reconocido expresamente la relación entre su actividad privada (su televisión, Auria TV) y los fondos públicos que recibe su partido. Existe una evidente relación reconocida expresamente por el alcalde, lo que hace indiscutible la obligación de transparencia de los datos solicitados. En este contexto,“la divulgación de datos referentes a las decisiones de gasto tomadas por el Ayuntamiento resulta del máximo interés para la opinión pública”.

Existe una evidente relación reconocida expresamente por el alcalde entre su actividad privada y los fondos públicos

Como bien ha señalado el Consejo de Transparencia de Andalucía, “resulta incuestionable que la información referente a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos y la subsiguiente utilización de los mismos constituye un eje central de la legislación en materia de transparencia”. Es más, las asignaciones destinadas al desarrollo de la actividad de los grupos políticos -clave en la investigación judicial que se le avecina- “pueden considerarse integrantes de la obligación de publicidad activa establecida en el artículo 15 c) de la Ley de Transparencia”.

Sin embargo, Jácome ha ignorado sistemáticamente este mandato legal y ético. Su negativa a publicar sus declaraciones de bienes es una vulneración consciente del derecho de la ciudadanía a “juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia”. Porque, en síntesis, el ejercicio del derecho de acceso a la información no es un acto de confrontación, como él suele vender en sus plenos para victimizarse, sino una “forma de colaboración cívica fundamental para el fortalecimiento de las instituciones democráticas”. “La ciudadanía puede y debe desempeñar un papel activo en la fiscalización del poder”, sostiene el Consejo de Transparencia.

Hurtando derechos

Al ocultar sus bienes, el alcalde no solo se protege a sí mismo, sino que está debilitando la institución que preside y hurtando a los vecinos el derecho a saber si se está enriqueciendo con el cargo. Son las propias declaraciones públicas del alcalde las que activan la necesidad de un escrutinio exhaustivo, convirtiendo el acceso a su información patrimonial en una necesidad imperiosa para garantizar la integridad institucional”.

Durante años, el regidor ha perfeccionado un mecanismo de ocultación digno de un trilero, lo que lo convierte ejemplo paradigmático de por qué la “fiscalización ciudadana a través del derecho a la información es imprescindible para la salud democrática”. El alcalde se escuda en presentar sus papeles en la Diputación para no presentarlos en el Concello, jugando al despiste y siempre ocultos al público. Pero la realidad es tozuda y los datos oficiales la desnudan: el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 sí incluye expresamente los datos tributarios dentro de las declaraciones de bienes y actividades obligatorias. “Se trata de una obligación legal que refuerza la rendición de cuentas en el ámbito público”. De hecho, en el terreno parlamentario, las declaraciones de diputados ya incluyen la cuota líquida del IRPF.

La ocultación no sorprende en quien se jactaba en los audios de saber gestionar dinero negro a la perfección

Jácome es el único diputado provincial de Ourense que no publica sus declaraciones de bienes y compatibilidades. En un ente donde conviven representantes del PP, PSOE, BNG y de su propio partido (DO), donde todos cumplen con el rito democrático de enseñar la cartera, él es la anomalía -este año junto a su compañero Antonio Fernández-. Es el verso suelto de la opacidad, hurtando a los vecinos de Ourense la posibilidad de saber la verdad.

Cita con la verdad

Jácome tiene una cita el 13 de febrero. Ese día tendrá que declarar como investigado por presunta apropiación indebida. La Justicia ha empezado a preguntar lo que Ourense lleva años preguntándose: ¿De qué vive Jácome? ¿Cómo financia su televisión? ¿Es compatible ser el alcalde mejor pagado y gestionar fondos de su partido de manera opaca? La investigación abierta en diciembre de 2025 es la clave para levantar su secreto fiscal. El juez de instrucción no se va a conformar con que el alcalde declare “actividades creativas”. El juez ya ha pedido documentos. Por lo de pronto, Jácome se marcha del ente provincial como el único político de toda la historia reciente de Ourense que logró cobrar como un ministro y declarar como un fantasma. Se va de la Diputación sin haber enseñado nunca un papel, despreciando al contribuyente y burlándose de las normas de transparencia.

El 13 de febrero, lo que no consiguió la decencia política quizás lo consiga una orden judicial: obligar a Jácome a vaciar los bolsillos.