Jácome, denunciado en la Fiscalía por el impago de salarios de los bomberos

Desobediencia a resoluciones judiciales firmes, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y coacciones o abuso de poder. Esos son los cuatro delitos que Podemos Ourense cree que ha cometido el regidor, Gonzalo Jácome, al no pagar los pluses que los bomberos tienen reconocidos por una sentencia del Tribunal Supremo -cuya deuda ronda los tres millones de euros-, así como las horas extra -que ascienden a 1,2 millones del año pasado-, y por los cuales ha solicitado a la Fiscalía “a apertura de dilixencias de investigación penal respecto da xestión do servizo municipal de bombeiros”.

El portavoz de la formación morada en Ourense, Francisco Diéguez, explicó que “non se trata só dun conflito laboral, senón dunha cuestión de seguridade pública”, ya que “os bombeiros son un servizo esencial, e merecen respecto institutcional e o cumprimento dos seus dereitos recoñecidos”, añadió Diéguez.

En el escrito presentado ante el Ministerio Fiscal, argumentan que los reiterados impagos a los bomberos, y el propio reconocimiento de Jácome de solo haber pagado el 73% de la nómina de abril son indicativos de un delito que figura en el artículo 410 del Código Penal (Desobediencia a resoluciones judiciales) y otro de malversación de fondos públicos (artículo 432), puesto que los bomberos tienen reconocido el derecho al complemento salarial, y el ayuntamiento dispone de fondos para hacerlo -al haberse aprobado varias modificaciones de crédito en ese sentido-.

Al mismo tiempo, su intención de recurrir a bomberos voluntarios, así como la modificación unilateral de los turnos de trabajo que pretende implantar entrarían en el campo de las coacciones, puesto que usaría su cargo público para esas presiones, así como de la prevaricación administrativa, dado que “las decisiones adoptadas son manifiestamente injustas”, tal y como reconoce el escrito presentado.

Entre los motivos que alega el partido para la presentación de esta denuncia figura el hecho de que “afecta a un servicio esencial para la ciudadanía, y podría suponer un grave perjuicio tanto para los derechos de los trabajadores como para la seguridad pública”, reclamando por ello “que se practiquen cuantas actuaciones sean necesarias”.