La oposición salva la gestión del Concello de Ourense y el juzgado decide el futuro

Los comerciantes de la Plaza de Abastos seguirán en la Alameda esta Navidad. Es lo único que quedó claro en el pleno municipal de diciembre. Y no ocurrirá por una concesión graciosa de Gonzalo Pérez Jácome, ni por un pacto de última hora. Ocurrirá, simple y llanamente, porque las amenazas del alcalde de Ourense tienen la misma consistencia que su gestión. Ninguna. El regidor, que hace una semana incendió la ciudad anunciando una orden de desalojo “inminente” y fulminante, tuvo que admitir, en el tiempo de descuento, que no han enviado la orden.

La confesión, arrancada a regañadientes en el turno de ruegos y preguntas por el BNG, confirma que Jácome es de mucho ruido y pocas nueces. “La semana que viene”, balbuceó, posponiendo una vez más su astracanada. La realidad es que el desalojo de la Alameda y el traslado al nuevo edificio -una obra inacabada y plagada de deficiencias- es inviable hoy. Aunque el alcalde grite “competencia desleal” y amenace con decretos, la última palabra la tiene el juez.

Jácome pretende gobernar a golpe de titular, ignorando que el conflicto está completamente judicializado. De hecho, despreció públicamente la última propuesta técnica enviada por los placeros para desatascar la reforma, diciendo que llegó “fuera de plazo”.

Cuentas municipales

Más allá del sainete del Mercado, el pleno reveló el verdadero estado de nua ciudad en descomposición. El momento que mejor retrata la deriva del Concello fue cuando toda la corporación, incluido el propio gobierno de DO, votó a favor de enviar las cuentas municipales al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras un recurso presentado por el sindicato CSIF. El propio Jácome tuvo que levantar la mano para que un juez decida si su “soberbia” al negar la negociación colectiva una vez más vuelve a tumbar los presupuestos en el capítulo de personal, y colocar de nuevo en jaque los sueldos.

La parálisis es tal que la ciudad sobrevive conectada a la respiración asistida de la oposición. La gestión económica del día a día salió adelante porque PP, PSOE y BNG tuvieron que taparse la nariz y permitir, vía abstención, que se arreglasen chapuzas de parvulario. Se validó el pago de facturas que dormían en el cajón desde hace años -algunas de 2016, herencia de la dejadez acumulada- y se tuvieron que derogar a toda prisa las viejas tasas del agua, que seguían vigentes legalmente mientras el Concello cobraba ya las nuevas tarifas más caras.

“Hai moito desorde, pero as empresas teñen que cobrar”, resumió la popular Ana Méndez, ejerciendo de muleta forzosa para evitar la quiebra técnica de los servicios básicos y evidenciando que, sin la “responsabilidad” de sus rivales, el castillo de Jácome se habría derrumbado ya.

Discoteca Desorden

Y mientras, la convivencia se degrada. El conflicto de la discoteca Desorden en Valle Inclán, expuesto por el BNG y completado por el PP con una adición, retrata a un gobierno que renuncia a tomar decisiones. Ante la advertencia de la deriva hacia un “Magaluf” de interior con la polémica reapertura y las constantes quejas vecinales por insomnio, Jácome se lava las manos. El alcalde, que construyó su carrera denunciando ruidos, lo deja todo en manos de la Justicia.

El cuadro del desastre no acabó ahí. Se renovó el convenio con la protectora Progape entre relatos de terror sobre “gaiolas trampa” entregadas a personal sin formación y una opacidad contable absoluta, mientras los socialistas lograban arrancar un compromiso para construir parques cubiertos, que el ediedil de Urbanismo no ve prioritarios por el mal estado generalizado de los mismos. Ver para creer. Un retrato dantesco de una ciudad en la que el Concello no protege a sus animales, no deja dormir a sus vecinos, no cumple sus propias amenazas y necesita que la oposición le arregle los papeles para poder cobrar el agua.

Jácome y su coartada ante la malversación: “¿Dónde está aquí Auria TV?”

Lo de menos fueron los insultos o el desliz de Rafa Cachafeiro admitiendo que le gusta manipular. La verdadera noticia del otro debate potente del pleno, sobre la libertad de prensa, fue el miedo tangible que emanaba de la bancada del alcalde.

Con una citación judicial a la vuelta de la esquina -declarará en febrero como investigado por apropiación indebida- y tras declarar en septiembre por malversación, Jácome transformó el salón de plenos en una sala de vistas. La moción socialista, que pedía respeto institucional y fin de la censura a los fotógrafos, fue utilizada por el regidor para construir su defensa legal en directo y sellarla en el acta oficial.

“¿Dónde está aquí Auria TV?”. La pregunta la repitió obsesivamente como un mantra. Jácome intentó dejar negro sobre blanco que la realización institucional del pleno no tiene relación con su negocio privado. Negó la mayor una y otra vez, asegurando que Auria es el “único medio que no recibe dinero público” y desvinculándose del personal municipal que graba.

Cada intervención estaba medida para exculparse de la posible malversación por la que se le investiga. La reprobación del pleno le importó poco; su preocupación está en los Juzgados. Con su frase final, “me sostienen todos ustedes”, asumió que su supervivencia política no depende de sus aciertos, sino de la incapacidad de sus rivales para ponerse de acuerdo.