La aprobación de la ordenanza de ruidos y la gestión económica marcan el pleno del Concello de Ourense

Se anticipaba un pleno largo en el Concello de Ourense al estar sobre la mesa la aprobación de tres ordenanzas, una moción sobre la gestión de los fondos Next Generation y otras cuestiones de carácter social, pero la ausencia de Gonzalo Jácome después de la primera parte de la sesión extraordinaria facilitó la fluidez del debate, y hasta propició la unanimidad en varias cuestiones.

El primer punto de fricción empezó con el debate final sobre la nueva ordenanza de ruidos, que vino marcado por la situación de la discoteca Desorden, y el impacto que su apertura ha producido en Valle Inclán. Apoyándose en este ejemplo, los grupos de la oposición afirmaron que da igual la normativa que se implante para intentar reducir el ruido nocturno, pues la voluntad del gobierno municipal para hacerla cumplir es nula; al tiempo que tanto desde el PP como desde la bancada socialista se advertía que la Policía Local no dispone de formación y medios para limitar el exceso de decibelios en el ocio nocturno. “Non mellorará a calidade de vida dos veciños”, aseguraba la portavoz socialista, Natalia González, “e non será a solución a problemas de ruido que ata agora non tiveron resposta”. A ello añadía desde el PP Soina Ogando que “esta ciudad debe aprender a convivir. Ni permisividad en los ruidos, ni sanciones desproporcionadas”, a lo que añadía que “esta ordenanza no valdrá de nada sin medios materiales y humanos que puedan dar continuidad a las denuncias. Y todos sabemos que no existen hoy en día”.

Pese a las dudas manifestadas, los populares unieron su voto a Democracia Ourensana para sacar adelante la ordenanza, con la abstención socialista, y el voto en contra de un BNG que aseguraba que “non é responsable obligar a veciños a marchar cada fin de semana porque non poden durmir”, en palabras de su portavoz, Luis Seara, quien añadía que “non poden ofrecer garantías para a aplicación da ordenanza”.

Privatización urbanística

Las dos ordenanzas relativas al servicio de urbanismo se resolvieron de igual forma: con el voto a favor de PP y DO, y la abstención de PSOE y BNG. Así, la regulación de los títulos habilitantes y el informe de evaluación de edificios recibieron su aprobación inicial. Ambas normativas sustituyen a los textos vigentes desde 2012 para adaptarse a la actual legislación autonómica.

Las principales objeciones de la oposición se centraron en la figura de las entidades privadas de certificación (ECCOM) que, a ojos de PSOE y BNG, suponen el riesgo de crear un sistema de tramitación dual según la capacidad económica de los solicitantes. No obstante, el Partido Popular introdujo medidas para flexibilizar los pagos de las inspecciones técnicas y ampliar los plazos de cumplimiento para los edificios más antiguos de la ciudad.

Un gobierno de parches

El apoyo inicial del Partido Popular se diluyó cuando tocó abordar la situación de los fondos europeos, donde Ana Méndez, portavoz de la formación conservadora, repasó las pérdidas. “3,5 millóns para a Praza de Abastos. Outros 3 millóns para a antiga Prisión Provincial por facer os trámites a última hora e correndo. Na Praza da trinidade, por non facer a licitación a tempo; e outros 2 millóns perdidos despois de que o proxecto de comercio dixital fora o mellor valorado de España”, enumeraba Méndez antes de advertir que el Concello “vai a peder parte da subvención da avenida de Portugal, e están en perigo os da Zona de Baixas Emisións (ZBE) polos continuos retrasos”. Un proceder que llevaba a la portavoz popular de acusar a Democracia Ourensana porque “non teñen proxecto de cidade, senón un goberno de remendos”.

María Fernández, edil socialista, agravó ese agujero hasta los 10 millones de euros “porque están sen pagar todas as obras nos que ahi consignados fondos europeos”, al tiempo que calificaba a Gonzalo Jácomo de ser “non só un perigo para sí mesmo ó ter que abonar con cartos propios as perdas”, sino también causante de problemas para el consistorio, pues “nos fai perder recursos para dotar os servizos municipais”. A pesar de que todas las fuerzas de la oposición votaron a favor de un plan de transparencia -con el voto en contra de DO-, no es probable que prospere al no ser las mociones de obligado cumplimiento.

Luis Seara (BNG) a Jacome en el pleno, tras acusarle el regidor de mentir: "É capaz de manipular resolucions xudiciais... vostede é un impresentable, vostede está tan desesperado que xa non sabe ó que fai. E ademais de desesperado está moi mal aconsellado"

Las acusaciones de populares y socialistas cayeron en oídos sordos, pues el alcalde se había ya ausentado de la sesión, y no volvería casi hasta el turno de ruegos y preguntas. Su ausencia no evitó que el BNG intentase canalizar el rechazo a la petición de compatibilidades de un oficial de cementerios en una cuestión sobre las actividades privadas del regidor, quedándose solo en el intento. “É máis doada a desclasificación de documentos sobre Kennedy que saber qué cargos do Concello poden compatibilizar actividades”, aseguraba Luis Seara, quien acusó al ausente Jácome de “estar avisado de que tiña que pedir compatibilidades -para sus actividades extrapolíticas-. A Fiscalía advertiu, vía rexistro hai dous anos, de que estaba en situación irregular, e nada se fixo”. Frente a esto, la edil socialista María Fernández recordó que “a xustiza fai o seu traballo, e o noso é centrarnos na cidade, non nestas cuestións”.

A continuación, llegaron momentos donde se alcanzó la unanimidad en el pleno, como las mociones relativas a habilitar zonas de enterramiento para creyentes de religiones no cristianas, o fomentar una mayor colaboración del Concello con entidades sociales que trabajan por la inserción laboral.

Más competencias

El espíritu de consenso se quebró cuando tocó abordar la propuesta socialista de elaborar un plan municipal de natalidad. Primero, el BNG llamó a ser más ambiciosos, al recordar la edil Erea Blanco que “non cómpre medidas de apoio á natalidade, senón condicións de vida dignas”; mientras que el PP reflexionaba que “ten que tratarse esta cuestión a nivel de estado” a través de Noelia Pérez, quien lamentaba “empregar a natalidade para demonizar á Xunta de Galicia”.

Fue Rafael Cachafeiro quien derivó la propuesta hacia el debate sobre si el Concello tenía competencias para asumir medidas de este ámbito, mientras Natalia González lamentaba “a falta de vontade política”. Finalmente, la moción se aprobaba con el voto conjunto de populares y socialistas, y la abstención de BNG y DO.