El cóctel de la seguridad en el rural de Ourense: sin personal y cuarteles a medio gas

El abandono rural de la provincia también se refleja en la seguridad. Ourense cuenta actualmente con 38 cuarteles, pero solo cuatro abren las 24 horas del día: O Barco, Verín, Xinzo de Limia y O Carballiño. El resto solo cuenta con atención al público de forma presencial por las mañanas dos o tres días a la semana.

“En una provincia caracterizada por una enorme dispersión geográfica y una población envejecida, es inaceptable esta situación. Nos encontramos con panoramas que rozan el absurdo, con puestos como los de Esgos o Bande que han llegado a contar con un único efectivo, y otros que con suerte alcanzan los tres o cuatro guardias. Un cuartel no puede ser un mero edificio decorativo; debe prestar un servicio cercano y continuo al rural ourensano”, señalan desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil en Ourense (JUCIL).

La lejanía con los cuarteles provoca que en ocasiones los ciudadanos opten por no denunciar. Fuentes consultadas explican que el pasado verano en la feria de Lobios se produjeron varios hurtos y hubo víctimas que optaron por no informar a los agentes: “Les costaba más ir hasta Xinzo que el importe de lo que llevaban en las carteras”.

Además, la situación agrava la vulnerabilidad de las mujeres amenazadas o agredidas en materia de violencia de género, al sumar la dificultad de no tener un cuartel operativo cerca cuando deciden interponer una denuncia.

Un cuartel fantasma

El panorama es especialmente grave en Trasmiras, donde el cuartel que daba cobertura a la zona fue cerrado en diciembre del pasado año. La Subdelegación informó de que la causa respondía a un informe de riesgos laborales del servicio de prevención de la Guardia Civil que apuntaba a “un nivel de risco severo na saúde das persoas polo estado deplorable da instalación”.

“A día de hoy, todavía nadie me ha dado una explicación o un informe técnico que avale el cierre. Alguien tuvo que dar la orden y no dan explicaciones ni a los diputados del PP por Ourense; son unos sinvergüenzas”, apunta el alcalde de Trasmiras, José Emilio Pazos.

Además, el regidor denuncia que lleva casi un año reclamando por escrito a la Subdelegación que le entreguen las llaves del cuartel, pero a día de hoy siguen sin dárselas, a pesar de que el inmueble es de titularidad municipal. Todo ello con el fin de acometer las obras de reforma y subsanar las deficiencias, para lo que el Concello ya dispone de una partida presupuestaria asignada.

La situación genera una honda indignación en el alcalde: “A partir del 30 de noviembre removeré Roma con Santiago para que vuelva el cuartel a Trasmiras; me reuniré con quien sea y pelearé a capa y espada. Se están riendo en mi cara, pero lo que no permito es que se rían de los vecinos de Trasmiras”.

El cierre de las dependencias ha tenido un impacto directo en la convivencia y la seguridad vecinal. Antes, los agentes patrullaban a pie, frecuentaban los comercios locales y mantenían un contacto estrecho con los residentes; ahora, la presencia se limita al paso esporádico de un vehículo patrulla.

“La gente no tiene esa confianza de coger y decirle: ‘Oye, mira que aquel vecino está en malos pasos’, o ‘mira que hay un coche que no conoce nadie rondando por el pueblo’. Eso se lo dices a quien tienes confianza, al que ves en el día a día; pero un señor o señora vestida de verde que pasa de vez en cuando es un desconocido total y no le dices nada”, lamenta Pazos.

Falta de medios

La escasa apertura de los puestos es consecuencia directa del déficit de plantilla. Los últimos datos facilitados por el Gobierno central reflejan que Ourense cuenta con 856 efectivos disponibles, lo que deja todavía 102 plazas vacantes por cubrir.

“La realidad de la Guardia Civil es demoledora: no hay ni un solo puesto en la provincia de Ourense que tenga su plantilla cubierta al 100%. La falta de efectivos es generalizada, pero el hachazo más grave se lo lleva la Seguridad Ciudadana. Se han ido creando unidades especializadas muy necesarias —como los Equipos de Violencia de Género, ROCA o delitos telemáticos—, pero sin dotarlas de plazas reales, por lo que se nutren ‘desvistiendo’ a los cuarteles”, denuncian desde JUCIL, alertando además de la merma en áreas como Seprona y Tráfico.

La combinación entre la falta de cuarteles operativos las 24 horas y la carencia de personal lastra los tiempos de respuesta y compromete la propia seguridad de las patrullas.

“Hay turnos en los que, para cubrir una compañía entera o la provincia, solo hay una o dos patrullas en la calle para abarcar enormes extensiones de terreno. Si esa única patrulla debe trasladar a un detenido o realizar la custodia permanente de una víctima de violencia de género, la zona queda completamente desprotegida”, advierten desde el colectivo profesional.

Esta situación deriva en que la respuesta ante una llamada de auxilio de un vecino en el rural pueda demorarse hasta una hora: “No por falta de voluntad de los guardias civiles, sino por la imposibilidad física de cubrir tanto territorio con tan pocos efectivos. Esta falta de personal no solo desprotege a la ciudadanía, sino que pone en riesgo la propia integridad física de los agentes”.