Un homicidio frente a 48 suicidios en la provincia de Ourense

Ourense cerró el pasado año con la mayor tasa de suicidios de Galicia: 15,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes, según la memoria del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). El director de la subdirección provincial, Julio Jiménez Féliz, reconoce que no recuerda una cifra tan elevada desde que está al frente del servicio (año 2007).

Los médicos forenses investigaron 48 suicidios, frente a 14 fallecidos en accidentes de tráfico y un único homicidio (el crimen machista de O Bolo). Este contraste refleja hasta qué punto el suicidio se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública y en una de las áreas que más carga de trabajo genera al Imelga.

En total, la subdirección de Ourense intervino el pasado año en 237 investigaciones de fallecimientos. De ellas, 114 correspondieron a muertes violentas y 100 a muertes naturales, mientras que el resto permanecían pendientes de clasificación o de determinar su causa definitiva.

Dentro de las muertes violentas, el grupo más numeroso fue el de los 65 fallecimientos fortuitos. Esta categoría incluye todas las muertes accidentales sometidas a investigación judicial y no únicamente los siniestros de tráfico; engloba también siniestros laborales, domésticos, caídas fortuitas, ahogamientos, incendios o intoxicaciones. De esos 65 casos, los 14 derivados de la circulación representan una cifra muy inferior a la de los suicidios registrados en la provincia.

Perfil de las víctimas

Las investigaciones permiten trazar el perfil de las víctimas. Según explica Jiménez Féliz, las personas que se quitaron la vida tenían entre 29 y 90 años, aunque la mayoría de los casos se concentraron a partir de los 50. Entre los factores concurrentes más frecuentes figuran los trastornos psiquiátricos —especialmente depresión o psicosis—, pero también crisis vitales, enfermedades sobrevenidas, complicaciones familiares, situaciones de soledad o problemas económicos.

El director del Imelga insiste en que el suicidio responde siempre a una realidad compleja y multicausal, por lo que nunca puede atribuirse a un único detonante. En cuanto a los métodos empleados, señala que el ahorcamiento y la precipitación siguen siendo los más habituales en la provincia, aunque en cinco casos se emplearon armas de fuego y no se registró ninguna intoxicación por medicamentos.

El máximo responsable del Imelga en Ourense subraya que el suicidio es, ante todo, un problema sanitario. Por ello, valora positivamente la puesta en marcha de una comisión de seguimiento —en la que participan el 061, especialistas en salud mental y fuerzas de seguridad, además de los forenses— para estudiar a fondo esta realidad. De cara al futuro, contemplan “la opción de realizar autopsias psicológicas para indagar en las causas y factores concurrentes, saber qué podemos hacer y detectar dónde se puede intervenir”.

Internamientos

El balance anual pone de relieve, además, una faceta poco conocida de la medicina legal. Lejos de limitarse a las autopsias, una parte creciente de la actividad forense está relacionada con la protección de personas vulnerables. Durante el pasado año, la subdirección de Ourense realizó 1.892 actuaciones vinculadas a autorizaciones judiciales de ingreso en centros residenciales y medidas de apoyo a la discapacidad.

Jiménez Féliz explica que este elevado volumen en Ourense —provincia que acapara el 11,2% de la población gallega— guarda relación con el alto número de plazas residenciales existentes y la disponibilidad de plazas de emergencia. Esto genera un flujo constante de solicitudes remitidas por los juzgados, incluyendo casos derivados desde otras provincias gallegas.

La memoria suma los 268 análisis complementarios solicitados al Instituto Nacional de Toxicología para esclarecer las causas de los fallecimientos y aportar pruebas determinantes a las investigaciones judiciales.

El 20 por ciento de las víctimas de violencia sexual son menores de edad

La memoria del Imelga recoge la realidad de la violencia sexual. Las 40 víctimas atendidas durante las guardias no equivalen a las 71 actuaciones registradas. Esto se debe a que una misma persona suele ser explorada en varias ocasiones a lo largo del procedimiento. El desglose de los datos confirma la vulnerabilidad de ciertos colectivos: el 90% de las víctimas fueron mujeres y el 20% menores de edad.

Los forenses perciben que hoy en día trascienden más casos a los juzgados porque “la gente tiene más interiorizado el concepto de agresión sexual” y hay una mayor conciencia social para denunciar.

La inmensa mayoría de los agresores pertenecen al círculo próximo: conocidos, familiares o parejas. Por otra parte, la subdirección no detectó casos de sumisión química, pero sí constató la ingesta previa de alcohol o drogas. Sobre esto, Julio Jiménez es tajante: “No por ello se es menos víctima”.

El proceso no termina en la guardia. Para garantizar un seguimiento adecuado, todas las afectadas pasan después por la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), donde se evalúan las secuelas.