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ENCUESTA
El 50,5% de las trabajadoras encuestadas afirma haber sufrido discriminación racial, mientras que un 15,4% declararon haber sido testigo de actos racistas hacia otras compañeras. Asimismo, el 85% de las técnicas de intermediación laboral reconoce tener conocimiento de incidentes racistas, ya sea por relatos de terceros (50,4%) o por haberlos presenciado directamente (34,2%).
Así se desprende del “Informe anual 2025. Expresiones de racismo y violencia contra las trabajadoras del hogar y de cuidados en el Estado español”. El trabajo fue realizado a lo largo de 2025 y trata de describir las expresiones de racismo y discriminación que las personas racializadas que trabajan en el ámbito del empleo doméstico y de cuidados sufren en el desempeño de su trabajo.
En el estudio participaron 431 personas, a través de encuestas y entrevistas en Aragón, Vizcaya, Cataluña, Galicia, Guipúzcoa y Navarra a personas racializadas que realizan su actividad profesional en el ámbito del empleo doméstico, técnicas de orientación laboral y personas y familias empleadoras. La investigación documenta incidentes racistas y sexistas, así como las dificultades para su denuncia.
Según concluye el estudio, los datos avalan la preocupación de SOS Racismo sobre la situación en el trabajo del hogar y los cuidados: el 50,5% de las trabajadoras encuestadas afirma haber sufrido discriminación racial en primera persona, mientras que un 15,4% declara haber sido testigo de actos racistas hacia otras compañeras.
En la misma línea, el informe muestra que estas situaciones trascienden a la estricta relación laboral en la medida que el 85% de las técnicas de intermediación laboral reconoce tener conocimiento de incidentes racistas, ya sea por relatos de terceros (50,4%) o por haberlos presenciado directamente (34,2%). El estudio recoge asimismo testimonios de las personas participantes sobre experiencias de violencia, abuso y desgaste emocional.
Expresiones racistas que se manifiestan en forma de humillaciones, agresiones verbales, insultos, burlas y/o comentarios despectivos. Dentro de esta cuestión, las personas participantes señalan como motivos de discriminación étnica-racial más recurrentes el origen (30,7%), la falta de documentación (25,9%), nacionalidad (14,8%) o color de piel (12,7%).
“Al inicio fue con el abuelo, yo sé que el abuelo está mal, pero al inicio me trató muy mal. Me decía que era una negra que haces acá... Cosas horribles. No lloraba en su cara, pero me iba a mi cuarto y me ponía a llorar”, recoge uno de los testimonios.
Otro de los resultados que más preocupan a la Federación SOS Racismo hacen referencia a la violencia sexual. Los testimonios recogidos señalan situaciones de acoso y abuso sexual denunciados por parte de las personas participantes. Estas experiencias, según la ONG, “dejan secuelas profundas: insomnio, miedo constante, ansiedad prolongada, pesadillas, caída del cabello y desconfianza hacia potenciales empleadores”. En muchos casos, la única forma de escapar de la violencia es abandonar forzosamente el empleo, ante la ausencia de mecanismos institucionales de protección o canales seguros de denuncia. “Sueño con ese señor casi todos los días. Y he tenido sueños perturbadores. Me he quedado con miedo, tengo miedo a los hombres, cosa que no tenia antes”, argumentó otra de las mujeres encuestadas. “La psicóloga me decía: es que ha abusado de ti y pensaba que no me podía estar pasando esto a mí; yo misma me he culpado”, declaró otra empleada de hogar.
Todo ello, tiene un impacto directo en las víctimas de estos episodios y delitos. Sobre esta cuestión las personas participantes señalan la salud mental y emocional como principal impacto (52,2%). Y estrés emocional o ansiedad (32,6%) es el problema más mencionado, seguido por depresión, agotamiento u otros problemas de salud mental (19,6%).
La Federación SOS Racismo muestra su preocupación, exigiendo a la puesta en marcha de medidas urgentes que aborden de manera inmediata la situación de las personas víctimas. “Medidas que deben comenzar garantizando su protección, el acceso seguro a la denuncia a través de nuevos canales de adecuados a la realidad del empleo doméstico y de cuidados, de garantizar la situación administrativa de estas personas, así como garantizando los mínimos vitales que permitan la subsistencia de las personas denunciantes a través de programas de acompañamiento y protección social. Asimismo, la Federación demanda la creación de redes de trabajo conjunto entre la sociedad civil y la administración para establecer canales de denuncia y protección de las personas que desempeñan su actividad profesional en este ámbito, “sino también implicar a las empresas gestoras de los servicios de atención a domicilio en los hogares”.
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