Meta es acusada de fomentar la adicción entre los menores

El tribunal federal de Oakland, en el estado de California, acoge el histórico juicio contra Meta, el conglomerado tecnológico liderado por Mark Zuckerberg y matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Presidido por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, este proceso judicial responde directamente a las demandas civiles presentadas por una amplia coalición de hasta 29 estados estadounidenses -liderados principalmente en esta primera fase por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey-. Las autoridades estatales acusan a la multinacional tecnológica de haber diseñado de forma deliberada sus plataformas digitales para fomentar el uso compulsivo, la dependencia psicológica y la adicción continuada entre niños y adolescentes.

Durante las intervenciones de apertura, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, acusó a la empresa de anteponer de manera sistemática los beneficios económicos a la salud física y mental de los menores. Argumentaron que la estrategia comercial de la compañía busca “enganchar” al usuario y ocultar conscientemente la verdad sobre los severos riesgos asociados a su uso. La acusación señala de forma explícita mecanismos de diseño funcional como el desplazamiento o “scroll” infinito, las notificaciones constantes, la reproducción automática de contenidos, el botón “me gusta”, los algoritmos personalizados de recomendación y los filtros de imagen, acusándolos de ser los detonantes directos de crisis de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, depresión severa, aislamiento social e incluso conductas suicidas entre los adolescentes.

Riesgos evitables

Asimismo, los estados demandantes acusan a Meta de vulnerar la legislación federal sobre privacidad infantil y las leyes de protección al consumidor, al recopilar e interactuar indebidamente con datos personales de menores de 13 años sin el debido consentimiento parental. Las reclamaciones económicas en juego varían sustancialmente: abarcan desde compensaciones y sanciones civiles estimadas en unos 200.000 millones de dólares (182.000 millones de euros) hasta una petición máxima calculada por la propia empresa en 1.400.000 millones de dólares (1.270.000 millones de euros), una cifra extraordinaria que equivale prácticamente al valor bursátil total del grupo tecnológico. En las primeras sesiones, Arturo Béjar, antiguo director de ingeniería de Facebook, prestó un testimonio clave al declarar que alertó personalmente a la cúpula directiva sobre los riesgos evitables de Instagram, revelando además que la empresa evitaba internamente utilizar la palabra “adicción”, sustituyéndola por eufemismos como “prevalencia”.

Por su parte, la representación legal de Meta, encabezada por el abogado Paul Schmidt y la portavoz corporativa Liza Crenshaw, rechazó todas las imputaciones. En su argumentación jurídica, se ampararon en la protección de la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, normativa que exonera a los servicios de internet de responsabilidad legal sobre las publicaciones de sus usuarios. Asimismo, la tecnológica defendió la efectividad de sus herramientas de control parental, recordando que tan solo en el último trimestre eliminaron 600.000 cuentas de menores no autorizados.

El litigio, cuya duración estimada se extenderá entre cuatro y ocho semanas, cuenta con un jurado popular de ocho personas encargado de emitir un dictamen consultivo que servirá de guía para la sentencia definitiva de la jueza Gonzalez Rogers. Se prevé que durante el desarrollo de las vistas testifiquen altos ejecutivos como el propio Mark Zuckerberg y el responsable máximo de Instagram, Adam Mosseri.

La defensa niega que el uso de las redes pueda causar daños a la salud mental

En su estrategia de defensa, los abogados de Meta cuestionan que exista un consenso científico sólido que demuestre que el uso de redes sociales cause directamente adicción o problemas de salud mental en adolescentes. Paul Schmidt sostuvo ante el jurado que los trastornos psicológicos responden a múltiples factores complejos e instó a mantener la mente abierta. La compañía argumenta que la acusación descontextualiza sus investigaciones y estudios internos, publicados parcialmente en los Facebook Files. Además, sostiene que no se puede penalizar a la empresa por problemas estructurales que afectan a todo el sector digital. Según Meta, las herramientas como Instagram también aportan beneficios sociales evidentes y la firma trabaja activamente para mitigar el malestar que manifiesta una minoría de sus usuarios jóvenes.

El resultado podría influir en la creciente ofensiva contra las grandes plataformas

Este procedimiento judicial marca un punto de inflexión con una trascendencia que va mucho más allá de Meta. Considerado el reto legal más relevante contra una gran tecnológica, guarda profundas similitudes con las históricas demandas de los años noventa contra las grandes compañías tabacaleras. El veredicto de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers podría sentar un precedente decisivo para otras gigantes digitales como Google, ByteDance (TikTok) y Snap, que afrontan acusaciones parecidas en tribunales estadounidenses por el impacto de sus diseños en los menores. Un fallo desfavorable obligaría a reestructurar radicalmente los algoritmos de recomendación, la gestión de notificaciones y las políticas de monetización publicitaria en toda la industria de internet.

A esta presión legal y regulatoria se suma el desgarrador testimonio de la sociedad civil. A las puertas de la corte de Oakland, padres y familias de adolescentes afectados llevaron a cabo protestas para exigir responsabilidades a los ejecutivos de la compañía. Las familias denuncian que las plataformas actuaron de manera consciente como detonantes de severos daños emocionales, físicos, trastornos de la conducta alimentaria e incluso conductas suicidas o fallecimientos de sus hijos. Respaldados por distritos escolares, ayuntamientos y organizaciones de protección infantil, estos colectivos exigen que salgan a la luz los documentos internos para demostrar que Meta conocía el peligro y prefirió priorizar los ingresos publicitarios.

Si el tribunal impone sanciones civiles o fija la devolución de beneficios ilícitos, el impacto no solo erosionará el flujo de caja que financia las inversiones de hasta 145.000 millones de dólares (132.000 millones de euros) en inteligencia artificial de la tecnológica, sino que impulsará una ola global de reformas legislativas para obligar a las redes a garantizar entornos digitales verdaderamente seguros para la infancia.