Días pasados me ha sido notificada por un Juzgado de A Coruña la querella interpuesta contra mí por el señor Bouzada Blanco, Benito, como secretario de la Asociación Unión de Guardia Civiles de Ourense. Dicha querella deriva de un artículo de opinión mío publicado en la sección Cartas al Director de este diario sobre derechos civiles con el título “Se mata, se criminaliza”. El artículo en cuestión fue contestado por el referido sindicato (Réplica sobre la Guardia Civil”) bajo reserva de las acciones judiciales que ahora se producen.
Con independencia de lo que se llegue a dictaminar judicialmente, tengo que decir que la querella no tiene para mí otra interpretación que el momento político marcado por la actual Ley Mordaza y la conocida tendencia institucional a reprimir cuando no a perseguir judicialmente cualquier discrepancia ciudadana verbal o escrita como un ataque contra la libertad de expresión o de manifestación. No debemos olvidar en este sentido que Naciones Unidas suspendió a España en Derechos Humanos por la cantidad de leyes que tiene aprobadas similares a ésta, como intento de evitar protestas o anularlas para que no tengan visibilidad.
En un país en el que por desgracia sigue entrañando un riesgo el hecho de tener opiniones propias, no es de extrañar que se intente rebatir ahora cualquier referente al historial represivo de la Guardia Civil, que si bien ha tomado tintes en verdad dramáticos en algun momento de nuestra historia reciente: el caso GAL o los incidentes de Ceuta y Melilla donde tiró pelotas de goma y gas lacrimógeno contra los senegaleses que se debatían entre la vida y la muerte, con el resultado conocido de 15 fallecidos, no lo ha sido menos en el pasado.
A nivel personal procedo de una familia republicana que ha visto como algunos de sus miembros, cargos públicos o políticos antes del Alzamiento, sufrieron en algún momento los rigores de la persecución ideológica (caso de mi abuelo paterno Victorino Veiga). Juana Capdevielle fue detenida por la Guardia Civil en el chalet de mi abuelo en Vilaboa (A Coruña) bajo orden de deportación (era francesa). Y apareció asesinada en As Gándaras, en Rábade (donde está enterrada).
Entiendo que la pretensión del señor Bouzada Blanco de velar por la imagen del Cuerpo al que pertenece choca en este caso con la realidad tozuda de los males que lo aquejan. Tal podría ser el caso de los desahucios, cuando desde dicho Cuerpo se ayuda a ejecutar sentencias que abocan a las familias a la desesperación o el suicidio. Se silencian las voces, y seguimos sacando cadáveres un día tras otro; los responsables tienen nombre propio.
