Salvo escasas excepciones, casi todos los presidentes y expresidentes autonómicos han utilizado argumentos de todo tipo tratando de justificar su mediocre gestión sobre la deteriorada situación económica de sus respectivas comunidades.
La peregrina defensa realizada tras conocer el déficit público, cifrado definitivamente en el 8,51% del PIB, se ha centrado en la 'herencia recibida' del Gobierno anterior (PSOE), al que responsabilizan por su desastrosa administración y cuantiosos derroches. Algo muy similar a lo ocurrido en la Comunidad Valenciana durante la etapa regida por el irresponsable y oscuro Francisco Camps (PP), cuya deuda ha sido catalogada con todos los merecimientos de 'bono-basura'.
Respetando todas las opiniones, se está demostrando que el vigente planteamiento autonómico resulta insostenible. Solo funcionó en época de vacas gordas, cuando los ingresos lo tapaban todo aparentemente. Algunos de sus presidentes, llegando a considerarse auténticos reyezuelos en sus taifas, creyeron ser elementos indispensables, merecedores 'de todo elogio' y aplaudidos por todos aquellos a los que proporcionaron dádivas, favores y excelentes puestos magníficamente remunerados entre familiares, allegados y amigos de los amigos, hasta tejer tupidas redes de influencia como las urdidas en Andalucía, dando lugar, presuntamente, a las mayores aberraciones, hasta convertir el conjunto de la comunidad en un insufrible tumor llamado 'corrupción' que ya es metástasis y difícilmente operable.
Los dirigentes autonómicos con su 'deseo irreprimible de clonar a entidades y organismos remedando al Estado', ha devenido en situaciones tan grotescas como la creación de los 12 defensores del pueblo, consejos consultivos, tribunales de la competencia, 17 parlamentos, cientos de empresas públicas, fundaciones y otros entes con el añadido de las carísimas 13 televisiones regionales para cubrir de incienso a sus señores e ignorar y demonizar a la oposición, cuyo conjunto de desbarajustes supone un montante de 60.000 millones de euros.
La trayectoria de los últimos cuatro años de Gobierno socialista aconseja un replanteamiento a fondo del modelo autonómico, dotándolo de unos mecanismos de control y seguimiento infinitamente más severos y sujetos a sanciones para los casos de flagrante incumplimiento. Mariano Rajoy debe continuar y fomentar su política de reformas sobre posibles fusiones autonómicas, eliminación de diputaciones, agrupación de ayuntamientos o eliminación de duplicidades administrativas.
Respetando todas las opiniones, se está demostrando que el vigente planteamiento autonómico resulta insostenible. Solo funcionó en época de vacas gordas, cuando los ingresos lo tapaban todo aparentemente. Algunos de sus presidentes, llegando a considerarse auténticos reyezuelos en sus taifas, creyeron ser elementos indispensables, merecedores 'de todo elogio' y aplaudidos por todos aquellos a los que proporcionaron dádivas, favores y excelentes puestos magníficamente remunerados entre familiares, allegados y amigos de los amigos, hasta tejer tupidas redes de influencia como las urdidas en Andalucía, dando lugar, presuntamente, a las mayores aberraciones, hasta convertir el conjunto de la comunidad en un insufrible tumor llamado 'corrupción' que ya es metástasis y difícilmente operable.
Los dirigentes autonómicos con su 'deseo irreprimible de clonar a entidades y organismos remedando al Estado', ha devenido en situaciones tan grotescas como la creación de los 12 defensores del pueblo, consejos consultivos, tribunales de la competencia, 17 parlamentos, cientos de empresas públicas, fundaciones y otros entes con el añadido de las carísimas 13 televisiones regionales para cubrir de incienso a sus señores e ignorar y demonizar a la oposición, cuyo conjunto de desbarajustes supone un montante de 60.000 millones de euros.
La trayectoria de los últimos cuatro años de Gobierno socialista aconseja un replanteamiento a fondo del modelo autonómico, dotándolo de unos mecanismos de control y seguimiento infinitamente más severos y sujetos a sanciones para los casos de flagrante incumplimiento. Mariano Rajoy debe continuar y fomentar su política de reformas sobre posibles fusiones autonómicas, eliminación de diputaciones, agrupación de ayuntamientos o eliminación de duplicidades administrativas.
