La deficitaria conservación del patrimonio arbóreo de la ciudad, aquejado por obras en las calles o la falta de mantenimiento, ha provocado en varias ocasiones daños en personas y bienes que se están judicializando.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Ourense acaba de condenar al Concello a indemnizar a una mujer de 55 años con 22.000 euros e intereses por la caída de la rama de un árbol el día 7 de septiembre de 2018 cuando estaba tránquilamente sentada en la plaza Daniel González de As Lagoas, el accidente de este tipo más grave de los últimos años. El desprendimiento repentino de una gran rama le golpeó la cabeza, parte del rostro y la nariz. De hecho, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones por una fractura nasal y sufre secuelas tanto físicas como psicológicas por estrés postraumático. El alta médica no la obtuvo hasta febrero de 2020.
La sentencia estima el recurso interpuesto por la afectada, tramitado por el despacho Abogados&Economistas, ante la negativa del Consistorio de atender por responsabilidad patrimonial su reclamación. El propio partido del alcalde -Democracia Ourensana- exigió cuentas por este accidente cuando estaba en la oposición pero, una vez en el Gobierno local, según precisa el abogado Benjamín Caramés, “se desentendió por completo”. El abogado aboga “por servicios públicos adjudicados a empresas solventes y no a cualquier empresas a cambio de mordidas, porque así nos luce el pelo en Ourense con servicios que son un desastre”.
La afectada argumentó que en el lugar no había señal indicadora alguna del peligro que suponían los árboles, en lo relativo a su estado de salud, y falta de mantenimiento, demandado al ente local por la falta de cuidado y mantenimiento del arbolado. El juez rechaza de plano los argumentos del Concello para no hacerse cargo de la indemnización, alguno de ellos “complicado de entender”.
Argumentos del Concello de Ourense
La Administración local adujo que el pleito no le incumbía “por no haber sido demandada la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., concesionaria del mantenimiento de parques y jardines en el Ayuntamiento de Ourense”. Por lo que se refiere al fondo del asunto, alegaba que no existían pruebas suficientes que acreditasen que los hechos se produjeron del modo que se indica en la demanda, dado que no hay testigos presenciales de los hechos y, en cualquier caso, si el árbol estaba en mal estado es algo que debió ser apreciado por la propia recurrente, que sumió voluntariamente el riesgo.
En este sentido, el magistrado es tajante: “Solo faltaba que tengan que ser los ciudadanos que pagan sus impuestos los responsables de comprobar el estado de las ramas de los árboles”.
Además el Concello hasta se escudó en las tormentas de aquellos días para evitar el pago de la indemnización: la existencia de condiciones meteorológicas adversas en los días y meses previos. Pero el juez le recuerda que “de haber existido tormentas esos días con un intensidad relevante, mayor deber pesaba sobre la Administración de comprobar el estado del arbolado, al menos en lugares en los que, de un modo más probable, pudiese haber viandantes”.
La sentencia que resuelve la demanda a favor de la lesionada recuerda que, “si se decide colocar árboles en la vía pública como elemento ornamental, se está asumiendo una obligación de cuidado y mantenimiento por parte de la Administración, que no puede alegar ahora como hecho sorpresivo el que haya tormentas, lluvias o vientos y que eso pueda provocar la caída de ramas”. En el juicio, así quedó acreditado con las declaraciones de un agente de la Policía Local y un testigo, manifestando ambos que había un déficit de mantenimiento y que la rama estaba seca. Concretamente, el agente muy gráfico: “El parque estaba dejado de la mano de Dios”, aseguró en la sala de vistas.
