Intimidación de alto voltaje

Nuestra Constitución, en su artículo 128 indica nítidamente que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Las eléctricas que amenazan con cerrar las nucleares, usando a la ciudadanía como rehén, ¿entienden lo que este artículo implica? ¿Saben que, asimismo y en base al interés general, la Carta Magna también ampara al Estado a “intervenir empresas”?

Estos ejecutivos, antes de desa-

tar la lengua y mentir sobre su rentabilidad, deberían asesorarse sobre las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico y que, jerárquicamente, están por encima de cualquier otra.

Y mientras el Gobierno protege a ciudadanos y empresas, la derecha anticonstitucional, medios cavernarios incluidos, vociferan enfurecidos ante la defensa de lo colectivo en unos momentos en los que la desvergüenza de las eléctricas, unidas a una legislación indecente y una privatización perversa del sector, están poniendo a España contra las cuerdas.