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Las investigaciones y detenciones por homicidios, consumados e intentados, se han disparado en este 2021. Cinco personas, contando a la joven de Cortegada, Cristina R.V., fueron imputadas este año en cuatro procedimientos penales bajo sospechas de haber matado. Las víctimas, la novia con la que compartía adicción a las drogas; una joven que dormía tranquilamente y abrió la puerta en plena madrugada al vecino desequilibrado que habitaba el galpón próximo; la compañera de piso a la que debía dinero y, el caso más reciente, un catalán de 53 años atraído por una pretendienta a la que conoció en una web de citas y a la que doblaba la edad.
Tres de los presuntos autores, son mujeres, algo totalmente inusual en la estadística criminal ourensana. Además, salvo en el caso de Diego R.T., quien mató en febrero a puñaladas a la novia de su vecino y primo y sufre una patología mental grave que afecta a su capacidad de decidir y obrar en consecuencia, según han determinado los forenses, el resto de imputados, en este caso, imputadas, mataron porque quisieron. Cristina R.V. se excusó, según dijo ayer, en que su amante era agresivo y no se quería ir de su casa. Los motivos de la muerte por asfixia de Leticia Magali en O Barco no están claros porque las investigadas (Fátima A. y Erigerneide Aparecida A.L.) no lo admiten, pero la Guardia Civil pone sobre la mesa el dinero que la fallecida dejaba con frecuencia a la primera, con la que trabajaba en un club de alterne de O Barco, además de celos profesionales). Tampoco reconoce Julio G.S. que empujó, tras consumir estupefacientes, a su pareja, Nerea, al regato Barbadás en enero de 2020, aunque el caso no se judicializó hasta julio de este año, cuando se le detuvo.
Diego R.T., en la inspección ocular en su casa de Velle.
Las mujeres son minoría a la hora de asesinar y también a la hora de delinquir. En la prisión de Pereiro, hay actualmente 269 internos, de los que 20 son féminas. La inmensa mayoría está por delitos contra el patrimonio (robos y hurto) y tráfico de drogas, pero cinco de ellas, por homicidio o asesinato: las dos mujeres de O Barco que en septiembre supuestamente mataron a Leticia Magali Sanabria; la madre e hija cómplices en el degollamiento del marido y padre, respectivamente, Bernardino Pousa, a manos de un sicario (Verín, 2011) y la tentativa de asesinato que impuso 10 años de cárcel a la progenitora que arrojó a su bebé recién nacido al contenedor en septiembre de 2017.
A los delitos contra la vida consumados de este año hay que añadir los intentos frustrados. En septiembre, un joven menor de Carballiño agredió brutalmente con una pata de cabra a una amiga de su edad, a la que arrojó por el balcón de un segundo piso, porque quería saber lo qué era matar (así se lo dijo a la Policía Local).
Hace unos días, el pasado día 10, un alumno del CIFP A Carballeira, Pedro L. (20 años), apuñaló por la espalda a un compañero de clase porque, según parece, se burlaban de él, tal como confesó al juez. La fiscal pidió prisión provisional porque ve, a priori, una tentativa de homicidio.
José J. M. ingresó en mayo en prisión provisional por el acuchillamiento del gerente del bar La Mamba, en la plaza de Los Suaves, un local muy ruidoso, a juicio del agresor. La jueza abrió diligencias por asesinato en grado de tentativa.
Fátima A., imputada por matar a su compañera de piso.
El subdelegado del Gobierno valora como “un repunte atípico” los delitos de sangre en este año que ahora termina. “Son casos excepcionales, inesperados y traumáticos en los que detrás hay personalidades psicopáticas”, asegura Emilio González Afonso. Los índices de criminalidad (delitos por 1.000 habitantes) no son malos este año, matiza, aunque las infracciones penales -6.149- aumentaron un 13,6% en lo que va de año (hasta el tercer trimestre) respecto al mismo periodo de 2020, un año en el que bajó la delincuencia por la pandemia. “Tenemos una ciudad y provincia bastante seguras, con una tasa de criminalidad más baja con respecto a la media gallega y española, sin ajustes de cuentas, grupos de drogas organizados o bandas criminales que pongan en entredicho la seguridad ciudadana”, esgrime. En Ourense, a finales de septiembre, el último dato disponible, era de 26,6 infracciones por 1.000 habitantes.
La Audiencia de Ourense ha desestimado el recurso presentado por los abogados de las dos investigadas por el homicidio de Leticia Magali Sanabria “Rosi”, paraguaya de 29 años afincada en O Barco, el 10 de septiembre en el piso que compartía con una de las inculpadas, Fátima A. “Jenny”. La sala confirma la prisión provisional que había acordado el Juzgado mixto 1 de O Barco el 18 de noviembre cuando la jueza interrogó a las dos investigadas. Los magistrados de la Audiencia creen que hay suficientes indicios incriminatorios para mantenerlas en prisión. Fátima presentaba arañazos en un brazo, compatibles con una riña con la víctima, sin olvidar que la Guardia Civil determinó “en un elaborado estudio” sobre los posicionamientos de los teléfonos móviles que estaban en el piso en el momento del fallecimiento de la víctima”.
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