La Eurocámara se opone a retirar las sanciones a Delcy Rodríguez

Con una abrumadora mayoría, el Parlamento europeo ha acordado requerir al Consejo que no levante las sanciones impuestas a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que considera una de las responsables de la violación de derechos humanos que tiene lugar en su país. Si el órgano político acata la decisión, la dirigente latinoamericana continuará teniendo prohibido viajar a territorio comunitario, aunque con ciertas excepciones, lo que impediría su presencia en la cumbre iberoamericana de noviembre a que ha sido invitada por el gobierno de España.

De hecho, tras su toma de posesión en sustitución de Nicolás Maduro, ahora en prisión en Estados Unidos, el ejecutivo que preside Pedro Sánchez ya pidió que se retirara esta medida, que ahora ha sido rechazada con el voto de 507 de los 573 de los eurodiputados. Entre ellos, los socialistas españoles.

El texto aprobado reclama que Caracas dé pasos hacia la liberación de todos los presos políticos, la anulación de todos los cargos con motivación política contra la oposición y una ruta creíble hacia elecciones libres para así considerar la retirada de las sanciones a Delcy Rodríguez. Hasta que no se enfoque la transición pacífica hacia la democracia, incide, "no se debe levantar ninguna de las sanciones impuestas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos".

La impulsora de esta resolución, la eurodiputada del PP español Dolors Montserrat ha recordado que Delcy Rodríguez ha dejado ya sin efecto la ley de amnistía "y sigue siendo la mano derecha de un narcodictador", en referencia a Nicolás Maduro. Así es que, teniendo en mente los 470 presos políticos que continúan en cárceles venezolanas, ha exigido al gobierno de España que aproveche la invitación del foro iberoamericano para condicionar un cambio de políticas en el país caribeño. Lo contrario, ha advertido, supone "un desafío a Europa".

Reconciliación

En la resolución promovida por el PP español se critica que la ley de amnistía de Venezuela no haya logrado "la liberación incondicional de todos los presos políticos, con al menos 470 aún detenidos injustamente en condiciones inhumanas", y que su finalización prematura, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria no hayan proporcionado base alguna para la reconciliación política.

Además, entre otras cosas, pide la liberación "total e incondicional" de todas las personas detenidas "arbitrariamente por motivos políticos" e insiste en que todas ellas recuperen plenamente sus derechos civiles y políticos, mientras insta al régimen a poner fin inmediatamente a la represión y a reformar las principales instituciones judiciales, policiales y electorales.