Administración y democracia

Una Administración pública que se ajuste adecuadamente a las demandas democráticas ha de responder a una rica gama de criterios que podríamos calificar de internos, por cuanto se refieren a su propia articulación interior, a los procesos de tramitación, a su transparencia, a la claridad y simplificación de sus estructuras, a la objetividad de su actuación, etc. Tareas que, es claro, deben ser más accesibles a los ciudadanos pues las nuevas tecnologías no son un fin en si mismas, sino un medio, magnífico, para que la función de servicio objetivo al interés general del aparato público sea una venturosa realidad. Algo que, sin embargo, contrasta, y no poco, con la praxis administrativa que hemos contemplado en la administración pública de la pandemia en tantas latitudes.

En este sentido, debemos subrayar la centralidad del ser humano en el entendimiento del derecho al buen gobierno y a la buena administración de instituciones públicos pues, en el gobierno y la administración electrónicas, la persona, con el cúmulo de circunstancias que lo acompañan en su entorno social, es el auténtico sujeto de los derechos y libertades que en la Constitución proclamamos. A ese hombre, a esa mujer, con su determinada edad, su grado de cultura y de formación, mayor o menor, con su procedencia concreta y sus intereses particulares, propios, legítimos, es a quien la administración pública sirve, ahora más y mejor a través de las nuevas tecnologías. En efecto, al servicio de esa persona concreta el aparato administrativo, con todos los medios técnicos a su alcance, debe promover las condiciones para que ejerza con la mayor calidad y hondura sus libertades.