Camino del banquillo

Algunos de los casos de presunta corrupción política que centran la vida política nacional han entrado en fase de resolución, relativa, y los jueces van señalando el camino del banquillo a los investigados en ellos. Que se den los primeros pasos para la apertura del juicio oral no quiere decir que todos ellos se vayan a cerrar de forma rápida, sino que algunos pueden dilatarse todavía varios años, porque la justicia actúa con una lentitud impelida por la falta de medios y la saturación de los juzgados.

El primero por pasar por una sala de vistas será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo proceso se encuentra a la espera de que todas las partes presenten sus conclusiones y que el Tribunal Supremo fije la fecha del juicio, que se espera para antes del fin de año. La Fiscalía -con el curioso asunto de que uno de sus subordinados ejercerá la acusación que será defensa- ha pedido la absolución por falta de pruebas y que se tome declaración a quienes pueden confirmar que García Ortiz no cometió el delito de revelación de secretos sobre la situación fiscal del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque los hechos se conocían de antemano.

Lo más curioso de este asunto es que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), ha protestado contra la apertura del juicio oral contra el novio de su jefa con los mismos argumentos que ha utilizado Pedro Sánchez para quejarse de la persecución judicial sobre su entorno, al señalar que hay jueces que hacen política

Se va a dar la circunstancia de que el fiscal general será juzgado antes de que lo sea Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, acusado de cuatro tipos de delitos relacionados con su defraudación a Hacienda y con corrupción en los negocios, quien recurrió su procesamiento por la jueza que instruyó el caso, que ahora debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid, que no tiene previsto hacerlo hasta dentro de unos meses. Para no dilatar más el proceso, la jueza sustituta, Carmen Rodríguez-Medel, que se ha hecho cargo del juzgado por la jubilación de la anterior, ha decidido abrir juicio oral sin esperar la resolución del recurso de González Amador -no tiene por qué hacerlo-, pero como por la pena solicitada será juzgado por un juez de lo penal de Madrid es previsible que el juicio se demore todavía alrededor de dos años.

Lo más curioso de este asunto es que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), ha protestado contra la apertura del juicio oral contra el novio de su jefa con los mismos argumentos que ha utilizado Pedro Sánchez para quejarse de la persecución judicial sobre su entorno, al señalar que hay jueces que hacen política. MAR ha señalado que la jueza “es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto”, y que por tanto su decisión estaría motivada por un interés político. Pero se da la circunstancia de que esta jueza fue asesora del ministro de justicia popular, Rafael Catalá, y que ha llevado casos contra miembros del PP, como el de los títulos universitarios de Pablo Casado y Cristina Cifuentes, y contra el PSOE investigando al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M del año de la pandemia, de lo que fue absuelto.

El último acelerón judicial es la denegación del recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Badajoz por el hermano de Pedro Sánchez, y que en efecto va a ir camino del banquillo, en el que su defensa insistirá en que su procesamiento se basa en conjeturas.

Lástima que tras estos trámites falte aún mucho tiempo para la sentencia de primera instancia, y no digamos la definitiva, que permitan situar en sus justos términos todos estos asuntos que malean la vida política y animan la crispación.