Defendido y defendiendo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la sexta autoridad del Estado, se sienta en el banquillo de los acusados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en un proceso insólito tanto por el acusado, la acusación a la que tiene que responder como por la forma en la que se ha llevado la investigación. ¿Tendría que haberse sentado el fiscal general del Estado en el estrado de la defensa y vistiendo la toga de su cargo?

Para un sector de la judicatura y toda la oposición, Álvaro García Ortiz habría tenido que dimitir de su cargo en el momento en el que el Supremo decretó la apertura del juicio oral contra él por el presunto delito de revelación de secretos, y debió hacerlo y defendido así el prestigio de la institución que representa para no hacer uso de unas prerrogativas que no tienen el resto de los fiscales, para que no fuera uno de sus subordinados quien se viera obligado a ejercer su defensa, porque a lo largo de la instrucción ha tomado decisiones que lejos de apuntalar su inocencia han dado pábulo a aumentar las sospechas sobre su actuación y, en definitiva, porque ha mantenido una actitud que puede considerarse una humillación para el conjunto de la fiscalía. Pero aquellos que quieren defender el honor de la fiscalía, apenas han alzado la voz cuando al representante de esa institución se le ha sometido a una investigación impropia con entrada y registro de su despacho y la confiscación de sus medios informáticos.

Para otro sector de la judicatura, y para el Gobierno que le ha defendido desde el primer momento, Álvaro García Ortiz, no debía dimitir porque con su decisión de permanecer en su cargo estaba defendiendo a la institución que representa de cualquier intento de cuestionar su actuación y las de sus sucesores con denuncias y querellas que acaben con el fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo. García Ortiz trataba de desmentir un bulo, una mentira propagada por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la actividad presuntamente delictiva del novio de su jefa, Isabel Díaz Ayuso, pero al hacerlo se le acusa de haber incurrido en el delito mencionado, y como consecuencia, de haber afectado al derecho de defensa de Alberto González Amador. En este caso son más las sospechas que la aparición de indicios, por no hablar de la ausencia de pruebas contundentes que impliquen al fiscal general del Estado, lo que tampoco ha impedido que sobre este caso sobrevuele la sospecha de que se está ante un nuevo episodio de politización de la justicia por la forma en la que se utiliza este asunto en la lucha entre gobierno y oposición, y por lo insólito de la acusación cuando en la justicia la revelación de secretos se produce con inusitada frecuencia

En definitiva, el asunto que se trata de dilucidar es la cuestión legal sobre quién dijo qué primero, si la oferta de un pacto con la fiscalía para no entrar en la cárcel de Alberto González Amador era conocida antes de que se emitiera una nota de prensa de la fiscalía en la que se daba cuenta de la verdad, como mantienen media docena de periodistas que estaban detrás de la noticia, y por tanto ya no podía producirse una revelación de secretos, o si el presunto delito del fiscal general se produjo al tratar de evitar que a la fiscalía le “ganaran el relato”. Quién dijo la mentira y quien restableció la verdad no es el objeto del juicio.