La defensa de los intereses de Galicia

El llamado principio de ordinalidad, defendido por Oriol Junqueras e introducido en las negociaciones con el Gobierno, no es una fórmula técnica neutra ni un ajuste menor del sistema de financiación. Es un peaje político que se pretende cobrar a comunidades como Galicia para satisfacer las exigencias de quienes ya parten de una posición de ventaja.

La ordinalidad impone que, tras la redistribución de recursos, las comunidades autónomas conserven el mismo orden de riqueza que tenían antes. En la práctica, significa que la solidaridad no puede alterar jerarquías económicas. Se redistribuye, sí, pero sin molestar a los que más tienen. Un planteamiento que vacía de contenido cualquier idea de justicia territorial.

Para Galicia, este principio es sencillamente inasumible. Una comunidad con menor renta per cápita, envejecida, dispersa y con elevados costes estructurales para mantener servicios públicos básicos no puede aceptar un sistema que la condena a perder siempre. La ordinalidad no corrige desigualdades: las congela y las convierte en permanentes.

La ordinalidad impone que, tras la redistribución de recursos, las comunidades autónomas conserven el mismo orden de riqueza que tenían antes

La Constitución Española no deja margen para la ambigüedad. El artículo 138.1 obliga al Estado a garantizar “un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”. Blindar posiciones económicas previas mediante la ordinalidad es incompatible con este mandato constitucional y supone una quiebra del principio de solidaridad recogido también en el artículo 2.

El Gobierno central no puede escudarse en la aritmética parlamentaria para justificar un modelo de financiación que perjudica deliberadamente a Galicia. Gobernar no es intercambiar derechos territoriales por votos en el Congreso.

Pero tampoco pueden mirar hacia otro lado los partidos gallegos. El silencio, la tibieza o la disciplina de partido ante este debate equivalen a una renuncia explícita a defender los intereses de la comunidad. Galicia necesita representantes que planten cara, no que asuman como inevitable un sistema injusto.

La financiación autonómica no es un problema técnico: es una decisión política. Y ante la ordinalidad, solo hay dos opciones claras: defender la igualdad entre territorios o aceptar que Galicia siga pagando el precio de acuerdos ajenos. Lo demás son excusas.