¿De quién depende ahora?

Andan los españoles con tortícolis de tanto girar la cabeza hacia el presidente del Gobierno cada vez que alguno de los suyos es condenado, encarcelado, investigado, o puesto por la prensa bajo sospecha con pruebas fehacientes. En la condena al fiscal general por revelación de secretos, los motivos para volver la vista hacia a Pedro Sánchez son todos: por la indudable participación de Presidencia del Gobierno en la operación de filtrar el correo confidencial del abogado de González Amador al fiscal del caso, por la abrumadora campaña del Gobierno a favor de García Ortiz durante todo el proceso (“¿Quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado?”, bramaba Sánchez), por la presión amenazante del Gobierno en pleno y el PSOE a los jueces del Supremo durante todo este tiempo, y por la célebre chulería del entonces presidente en funciones Pedro Sánchez, durante la campaña electoral de 2019, cuando en una entrevista se jactó de que la Fiscalía “depende” del Gobierno, para dar garantías de que cumpliría su promesa de traer a Puigdemont a España.

A esta hora decenas de periódicos internacionales escupen sin descanso titulares sobre la condena a García Ortiz, mostrando su asombro ante la primera condena de la historia de España a un fiscal general del Estado. Aunque no solo es un hecho inédito en nuestro país, sino que hay muy pocos precedentes de algo similar en otras latitudes. Salvo el caso de John N. Mitchell durante el Watergate, condenado por obstrucción de la justicia en Estados Unidos, y que de todos modos fue juzgado tres años después de su dimisión, solo se conocen condenas a exfiscales generales en países de tan elevado prestigio democrático como Irán, Albania, o Uzbekistán. De modo que, en efecto, podemos decir que Sánchez y García Ortiz han logrado otra marca histórica e internacional de tercermundismo democrático y de depauperación institucional.

No solo es un hecho inédito en nuestro país, sino que hay muy pocos precedentes de algo similar en otras latitudes

En el origen de este gran bochorno se encontraba en ese momento la obsesión de Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, y la permanente sensación entre sus altos cargos de que nada hace más feliz al presidente que hacer méritos para embadurnar de sospechas a la oposición, y distraer al menos un rato las constantes portadas sobre las investigaciones judiciales al Gobierno y al PSOE.

En este punto tan triste de la historia que atraviesa España bajo el sanchismo, cabe preguntarse qué les dirá, qué lealtades manejará Pedro Sánchez para que uno tras otro los cabecillas de las diferentes instituciones del Estado, dependientes o no del Gobierno, inmolen de manera tan atroz sus propias carreras y prestigio. La insistencia de García Ortiz por redoblar su apuesta en defensa de Sánchez y negar las acusaciones por las que se le investigaba añade un caso a la larga lista de cadáveres políticos e institucionales, inmolados voluntariamente, que cargarán de por vida con la triste condena de sus propios colegas, de la opinión pública, y ahora también de los jueces.

No podemos pasar por alto que las palabras más duras contra la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general –de la que solo conocemos el fallo, lo que invitaría más aún a la prudencia– no las han vertido los ministros socialistas del Gobierno, sino sus socios comunistas y nacionalistas, encantados una vez más de sumarse a la pira colectiva de sacrificios voluntarios a beneficio del dios sanchista. Si la ministra comunista Sira Rego ha llamado a los jueces del Supremo nada menos que “militantes con toga”, el partido de Yolanda Díaz, Sumar, ha lanzado una nota denunciando un gran “golpe judicial” contra el Gobierno, mientras que la podemita Mónica García habla también de un “golpe letal” al Estado de Derecho. Desde ERC, Gabriel Rufián ha salido también a apoyar la campaña contra los jueces, diciendo que “el mensaje es claro”, “Ayuso no se toca”; el portavoz de Compromís ha comentado la noticia asegurando que “el franquismo vive”; y la ministra de Podemos Ione Belarra ha denunciado que “la derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado”.

La estrategia de Sánchez de mantenerse en el poder aunando el apoyo de todos los enemigos de España, nacionalistas y secesionistas, los nostálgicos de la Unión Soviética, lo herederos de ETA, y demás minorías extravagantes de fácil compraventa, sigue danto resultado porque toda esta gente sabe que no tiene ni tendrá ninguna otra posibilidad de pisar moqueta que la que el líder socialista les ha regalado. Si cae el Gobierno, perderán coches oficiales, dejará de sonar el teléfono, y más de uno volverá a la miseria e irrelevancia laboral anterior, de la que nunca debió salir. Así, por unos meses más de envidiable tren de vida, son capaces de dinamitar el poco prestigio que pudieran atesorar. No es casualidad, por tanto, que la única voz autorizada del PSOE que ha sonado con cierta vehemencia, aunque acatando con timidez la sentencia, sea la de Patxi López, siempre dispuesto a ejercer del felpudo del presidente, proclamando que la sentencia es “una auténtica vergüenza”.

Pero si hemos de volver al principio y dejar aparte los intentos desesperados de los enchufados por Sánchez en el Consejo de Ministros por proteger sus privilegios, habría que mirar una vez más al presidente del Gobierno. Ya que según Félix Bolaños el Gobierno acata aunque no comparte la sentencia, ya que el Fiscal General del Estado condenado depende, según Sánchez, del Gobierno, y ya que el caso gira en torno al intento de García Ortiz de perjudicar a la oposición en beneficio del propio Gobierno, la gran pregunta ahora es cuál es, esta vez, el enésimo argumento de Pedro Sánchez para no dimitir y convocar elecciones generales de una vez.

Vox ve la condena “una vergüenza” y reclama elecciones

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró ayer que la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos es “otro hito más de la vergüenza” que supone el Gobierno y pidió elecciones “por dignidad y coherencia”.

Sumar ve la condena como un “golpe judicial en toda regla”

Sumar arremetió contra la condena al fiscal general del Estado, decretada por el Tribunal Supremo, que califica de “golpe judicial en toda regla”. Es “la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno”, indicaron.

Rufián: “Hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró ayer que “hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial” y que “hace mucho tiempo que una parte del Poder Judicial hace política y utiliza su toga para ir en contra de unas personas, ideas y partidos determinados”.