Emigrantes, ¿Hasta cuándo?

En 1985 el Plan de Regularización Extraordinaria de emigrantes reincorporó administrativamente a miles de españoles que habían perdido su estatus o documentación legal durante la época franquista.

Entre 2008 y 2011, la Ley de Memoria Histórica facilitó a cerca de 300.000 personas, principalmente hijos y algunos nietos de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura, la recuperación o adquisición de la nacionalidad originaria.

En 2015, otra ley permitió que más de 72.000 descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 adquirieran la nacionalidad, sin perder su pasaporte original ni tener que haber residido nunca en España. Y sí, pueden votar si están inscritos en el Censo de Residentes Ausentes.

En 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, con un plazo prorrogado hasta octubre de 2025, que incluía nuevas posibilidades de recuperación de la nacionalidad.

Y aquí estamos, en una situación ya repetida, aunque ahora interese mostrarla bajo un foco que distorsiona la realidad con teorías conspiranoicas.

Este proceso no infla el censo electoral, menos aún para 2027, ya que la mayoría de los expedientes presentados aún no habrán sido resueltos. La legalidad del voto emigrante, presencial o por correo, está garantizada en una democracia. Sembrar sospechas sobre su limpieza o sobre la de cualquier otro sufragio en el país es irresponsable y peligroso.

La participación de los españoles del exterior, sobre todo desde 2011, es baja porque no lo tienen fácil: plazos cortos para el voto por correo, distancias largas hasta los consulados, situaciones administrativas complejas en ciertos países… Obstáculos que les hacen desistir de ejercer su derecho.

¿A quién beneficia el voto emigrante? Depende más de los márgenes que dan o quitan un diputado, según la Ley D’Hondt, que de las siglas vencedoras en el escrutinio. En las últimas generales de 2023, el PP le arrebató un escaño al PSOE en Madrid, lo que conllevó un cambio en la política de pactos. En las últimas convocatorias autonómicas, sus resultados no han variado la composición de los parlamentos.

Solo existe un debate real. ¿Queremos que los descendientes de emigrantes y exiliados sean reconocidos como españoles de pleno derecho, voto incluido?

Los viajes a América y Europa de los políticos, sobre todo en épocas electorales, podrían ser el escenario ideal para dar una respuesta clara y sin ambigüedades. Podrían explicarles que ya no quieren que la familia crezca más, al tiempo que alaban la incansable labor heroica de mantener vivas las raíces y la lengua entre nietos y bisnietos. Pueden contarles que, a lo mejor, ya no conviene que sean tantos los que puedan ser tan españoles o gallegos como los de aquí, aunque siempre se lo han jurado. Deberían confesarles que quizás el amor ya se ha roto y que ahora los intereses son diferentes. O también pueden seguir fingiendo que el debate es otro.