Escudo del Gobierno ante la guerra

La guerra en Oriente Medio vuelve a confirmar una verdad incómoda para las economías modernas: ningún conflicto lejano es realmente distante cuando afecta a la energía. El encarecimiento del petróleo y del gas tras la ofensiva militar contra Irán ha obligado al Gobierno de España a reaccionar con rapidez mediante un paquete de medidas valorado en unos 5.000 millones de euros y articulado en dos reales decretos. Uno concentra el núcleo económico y energético del plan; el otro introduce medidas extraordinarias en materia de vivienda. En conjunto, constituyen el primer intento de levantar un nuevo escudo frente a una crisis que amenaza con trasladarse desde los mercados internacionales hasta la vida cotidiana de millones de hogares.

Desde el punto de vista económico, la lógica del paquete resulta reconocible. España ha seguido en los últimos años un patrón de respuesta que combina rebajas fiscales en el ámbito energético con ayudas directas a sectores vulnerables y medidas de protección social. La reducción del IVA de la electricidad, la rebaja del impuesto especial y la suspensión de gravámenes a la producción eléctrica buscan contener el impacto inmediato en las facturas domésticas y empresariales. A ello se suman ayudas específicas para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores –colectivos expuestos a la volatilidad del precio del combustible–, así como bonificaciones destinadas a la industria electrointensiva para evitar pérdidas de competitividad.

La urgencia económica obliga a actuar rápido, pero la fragilidad política del Gobierno de Sánchez impone la cautela

Esta arquitectura económica no surge de la improvisación. Responde a la experiencia acumulada durante la pandemia y la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania, cuando la intervención pública permitió amortiguar parte del impacto inflacionario y preservar niveles de empleo relativamente estables.

En términos técnicos, reducir la presión fiscal sobre la energía en momentos de shock externo es una herramienta eficaz para evitar que el encarecimiento de los costes energéticos se contagie al conjunto de la economía. Cuando la energía se dispara, lo hace todo: transporte, producción, alimentación y, finalmente, el nivel de vida. Sin embargo, ningún escudo económico es neutral desde el punto de vista presupuestario.

Las rebajas fiscales implican una menor recaudación en un momento en que el gasto público aumenta para sostener ayudas y subvenciones. Si el conflicto se prolonga o si los precios energéticos mantienen una tendencia alcista, el margen fiscal del Estado podría estrecharse con rapidez. Es el dilema clásico de las políticas anticrisis: proteger el presente puede comprometer el futuro.

La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la crisis energética y de vivienda es, en definitiva, un retrato de la política económica contemporánea: actuar rápido, gastar mucho y negociar aún más. Las luces del plan son evidentes en su capacidad para aliviar el impacto inmediato. Las sombras aparecen en su fragilidad política y en las dudas sobre su sostenibilidad. Entre ambas se dibuja el verdadero contorno de un escudo que, más que definitivo, es provisional. Su eficacia dependerá tanto del devenir de la guerra como de la estabilidad de la política doméstica, a sabiendas de que el decreto sobre vivienda se enfrenta a un horizonte incierto: la oposición ya anunció su rechazo y la posibilidad de que no prospere en el Congreso es elevada.

@J_L_Gomez