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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado al “estupor” manifestado por el juez Leopoldo Puente, instructor de la causa contra Koldo-Ábalos-Cerdán, por el hecho de que quien fuera ministro de Transportes siga ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados, motivo por el que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo.
Feijóo, más que hacer seguidismo de la sensación de repulsa que le provoca al juez la condición de diputado de José Luis Ábalos, tendría que haberse puesto al frente de esa manifestación hace mucho tiempo y reiterarla con más frecuencia, máxime cuando los indicios que se conocen sobre las presuntas actividades delictivas y el uso de dinero obtenido de forma fraudulenta por Ábalos son cada vez más evidentes y le acercan muy probablemente a una condena, por no hablar de otros aspectos de su actuación como el desprecio con el que habla de las mujeres con las que tuvo una relación sentimental o económica, que le invalidan como representante de la voluntad popular. Si en el primer momento su pase al Grupo Mixto, tras la expulsión del PSOE, pudo justificarse por su derecho a la defensa cuando todavía no se conocía el alcance de sus supuestas fechorías, en el momento presente, es ya una cuestión de respeto a la dignidad de su cargo y a la institución que representa que abandone el acta de diputado, aunque eso suponga dilatar el proceso al pasar el sumario a la Audiencia Nacional, una posibilidad que el propio Ábalos baraja.
Como es sabido, nadie puede obligar a Ábalos a que deje el escaño, por cuanto es personal e indelegable, y le sirve de parapeto e incrementa la visibilidad de su derecho a la presunción de inocencia, que en su caso va acompañada de los recursos presentados por considerar que ha sido sometido a investigación de forma anómala y tratado con presunción de culpabilidad desde el primer momento.
Mientras que el estupor manifestado por Feijóo es pertinente, el del juez Leopoldo Puente es extemporáneo; mientras que el presidente del PP realiza una crítica política, el juez da pábulo a las críticas sobre la politización de la justicia.
Ahora bien, el juez Leopoldo Puente, con el auto del “estupor”, ha entrado en un terreno muy resbaladizo al sugerir que el Congreso debiera reflexionar para cambiar el Reglamento que permite que Ábalos sea diputado a pesar de su procesamiento y los informes en su contra. Cuando está vivo el debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes y se acusa al Ejecutivo de vulnerarlas mediante las críticas a los jueces que instruyen los sumarios relacionados con Pedro Sánchez y el PSOE, el juez del Supremo desbarra y se entromete en las facultades del Poder Legislativo, y de esa forma vuelve a situar el foco en aquellos jueces que, a juicio del presidente del Gobierno, “hacen política”, y a través de sus autos y sentencias vierten consideraciones que están fuera de lugar, porque su obligación es aplicar las leyes y no opinar sobre aspectos relacionados con las competencias de los otros poderes del Estado.
Mientras que el estupor manifestado por Feijóo es pertinente, el del juez Leopoldo Puente es extemporáneo; mientras que el presidente del PP realiza una crítica política, el juez da pábulo a las críticas sobre la politización de la justicia. Lo curioso es que la reflexión del juez para que se pudiera despojar del escaño a un diputado investigado es compartida por los propios partidos políticos que estarían encantados de ser los poseedores de las actas de los diputados. Pero si ahora se les acusa de votar sin rechistar, sin la titularidad del acta estarían más desprotegidos frente a los aparatos partidarios.
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