Opinión

Vuelve el efecto llamada

El aumento de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas en las últimas semanas en especial a la región de Murcia ha llevado al Ministerio del Interior a recluirlos en las celdas del centro penitenciario de Archidona de forma provisional. Bien es cierto que la prisión no ha empezado a funcionar como tal porque en ese caso el propio Gobierno estaría incumpliendo las leyes y normas de extranjería que prohíben taxativamente que los inmigrantes en situación irregular sean internados en una prisión, aunque en los Centros de Internamiento de Inmigrantes tampoco tienen posibilidad de salir libremente mientras se procede al estudio personal de cada caso.

La cuestión es que en nuestro país la provisionalidad suele extenderse demasiado tiempo hasta casi convertirse en la norma. En este caso, la decisión del Ministerio del Interior cuenta con el aval de los jueces que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia se vio obligado a movilizar para atender a los inmigrantes e iniciar los trámites sobre su devolución al país de origen –la mayoría eran argelinos-, más compleja que la prevista en los acuerdos con Marruecos, aunque la mayoría tiene la esperanza de que no se pueda producir su identificación y acaben quedando en libertad. La mayor parte de ellos suele buscar como destino final Francia, donde suelen contar con una red de familiares o amigos.

Por lo pronto, lo que se ha hecho con la habilitación de la cárcel de Archidona como CIE es aplazar un problema, abordar la falta de infraestructuras para estos casos; y dejar sin resolver otro, el de los funcionarios que iban a ocuparse de ese centro y el de la masificación de las prisiones españolas donde se da la paradoja de que siendo España uno de los países con menor delincuencia tiene una mayor población reclusa.     

La nueva oleada de pateras procedentes de Argelia, con quien las autoridades españolas ya se han puesto en contacto, para que tengan un mayor control de sus fronteras, vuelve a poner de manifiesto la inexistencia de una política efectiva para resolver este asunto como demuestra la saturación de los CIE o las dificultades para hacer frente a estas llegadas masivas sin que sirvan atajos como las devoluciones en caliente, por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado a España. Por no hablar de los incumplimientos con la acogida de refugiados procedentes de Grecia e Italia llegados de zonas de conflicto y que ha quedado en cifras irrisorias.

 El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ligado el repunte de la inmigración irregular hacia nuestro país, tres veces superior a la registrada en el pasado año, a lo que ha denominado efecto llamada porque está a cundiendo nuevamente que Europa está saliendo de la crisis. El PP, que con tanta dureza atacó a Rodríguez Zapatero por la regularización de inmigrantes que ya estaban arraigados en nuestro país y al que acusó de fomentar ese efecto llamada tiene la oportunidad ahora de demostrar cómo se ponen puertas al campo sin vulnerar derechos humanos y afrontando la situación en una cierta soledad, porque la mayor presión migratoria en la UE la siguen registrando Italia, con los barcos que parten de la costa libias, y Grecia con las llegadas de los refugiados que se encuentran en Turquía 

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