El Gobierno es responsable del caos en la vivienda

Regular la vivienda hasta hacerla inaccesible. Esa es la dinámica que ha guiado la política de vivienda en España en los últimos 8 años, y a los hechos me remito. La vicepresidenta Yolanda Díaz advertía que, si decae el decreto sobre alquileres, “el Gobierno no será responsable”. Pero la realidad apunta en la dirección contraria: el Gobierno no solo es responsable, sino que es el principal responsable. Años de intervencionismo errático, cambios constantes de normativas y una estrategia política basada en enfrentar a propietarios e inquilinos han dinamitado la confianza en el mercado de la vivienda. Y sin confianza, no hay oferta. Sin oferta, los precios suben. Es así de simple.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha construido un marco de inseguridad jurídica e impunidad en el que alquilar es cada vez más arriesgado y menos rentable. ¿El resultado? Propietarios que retiran sus viviendas del mercado, inversores que se marchan y una oferta en mínimos. Mientras tanto, jóvenes y familias ven cómo el acceso a una vivienda se convierte en un lujo inalcanzable.

Y mientras tanto, aún existen gobiernos municipales que, ante su falta de soluciones, siguen insistiendo en las mismas recetas fallidas siguiendo la estela de las políticas fracasadas de Pedro Sánchez y su cohorte de ministros y ministras

Lo ocurrido en el Congreso con el rechazo al real decreto-ley sobre alquileres es la guinda del despropósito, dejando tras de sí inseguridad jurídica, dudas interpretativas y potenciales conflictos entre arrendadores e inquilinos. Exactamente lo contrario de lo que debería hacer un Gobierno responsable. Hoy, muchos ciudadanos no saben si sus contratos se pueden prorrogar, en qué condiciones o con qué respaldo legal. Ese vacío no es técnico: es político. Es el resultado de legislar mal, tarde y sin medir consecuencias. Se prometió más acceso a la vivienda… se ha conseguido lo contrario. Se prometió proteger a los vulnerables… se les ha expulsado del mercado. Y lo más grave es que nadie asume responsabilidades. Y es que, cuando un Gobierno convierte la vivienda en un campo de experimentación ideológica, quienes pagan el precio no son los mercados abstractos, sino las personas concretas.

Y mientras tanto, aún existen gobiernos municipales que, ante su falta de soluciones, siguen insistiendo en las mismas recetas fallidas siguiendo la estela de las políticas fracasadas de Pedro Sánchez y su cohorte de ministros y ministras. En Santiago y A Coruña, las políticas de intervención -desde las zonas tensionadas hasta las restricciones al uso de viviendas vacacionales- han tenido el efecto contrario al prometido: menos oferta y precios más altos. Exactamente lo que cualquier análisis económico básico anticiparía. Una vez mas, la pésima gestión de lo público y ausencia total de soluciones se extiende al calor de una nociva Ley Estatal de Vivienda y aquí, en Galicia, su máximo exponente lo apreciamos en el rotundo fracaso de gestión municipal en la materia en las dos ciudades que han queridos ser zonas de mercado residencial tensionado. Lo que ha derivado, y va a seguir haciéndolo, en una oferta en mínimos históricos en alquiler en el circuito de comercialización y en unos precios en máximos. Solo un dato: en Compostela, después de prohibir las viviendas vacacionales en su casco histórico (medida que según el gobierno municipal iba a incrementar el número de las de alquiler), la oferta de arrendamiento se ha reducido un 75% y se han elevado los precios un 4%. Esta es la “brillante gestión pública” de dichos gobiernos municipales. El problema es que su estrepitoso fracaso de gestión lo pagan todas y todos los ciudadanos. Como siempre.