Inmigración desordenada

En medio del torbellino de corrupciones y casos judiciales en los que vive zarandeado el Gobierno, no queda tiempo para solucionar los problemas que agobian a gran parte de ciudadanos españoles, por ejemplo: poner orden en la inmigración irregular, ilegal, sin papeles, o como se le quiera denominar porque todo es lo mismo.

Cuando un país no es capaz de poner orden en la inmigración está creando un problema de convivencia social y ciudadana. Los inmigrantes viven en malas condiciones, no se les soluciona su penosa situación y se crean núcleos de pobreza o conflictividad. Acaban creando guetos donde se autoidentifican y no se integran en la cultura del entorno. Varios países europeos tienen ya mucha experiencia negativa de estos enclaves étnicos, en donde ni la policía se atreve a entrar, porque han creado una pequeña parcela de su país, de sus costumbres y de su delincuencia. Esto no es bueno para nadie y estamos a tiempo de evitarlo, pero hace falta un Gobierno centrado y decidido.

Además, se crea un malestar que social que puede provocar la xenofobia, aunque el ciudadano español sabe respetar muy bien al inmigrante que trabaja, sale adelante o incluso tiene iniciativa empresarial.

Una gran parte tiene que ser atendidos por organizaciones católicas como Cáritas, a donde acuden cada vez más inmigrantes en busca de solución.

Pero el Gobierno español no tiene una política, o una planificación, o un protocolo de actuación con los inmigrantes irregulares. Quiere ser humanitario, supuestamente, con todos aquellos que llegan a las costas españolas después de pasar una selección natural que les permite llegar vivos a tierra. Pero una vez aquí comienza la aventura, el abandono, la frustración, la falta de ocupación, de trabajo. Una gran parte tiene que ser atendidos por organizaciones católicas como Cáritas, a donde acuden cada vez más inmigrantes en busca de solución.

Una Administración responsable, en lugar de utilizar argumentos sentimentalistas, debería tener planes claros sobre dónde se van a ubicar, los recurso que van a destinar, los profesionales que los van a atender, la formación profesional que necesitan para integrarse en los puestos de trabajo que España necesita cubrir.

Una Gobierno responsable no tiene a los inmigrantes hacinados, amontonados en instalaciones que superan con mucho su capacidad. Tiene que planificar con tiempo los destinos y un catálogo de puestos de trabajo que pueden cubrir para que se integren lo más rápido posible. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que pasan meses o años sin provecho para ellos ni para la sociedad. Ni siquiera saben la edad de estas personas para distinguir si son menores de edad o ya adultos. También denuncian que los instalan en algunas comunidades autónomas de tapadillo, sin avisar a las autoridades locales.

Un Gobierno responsable que afirma, insistentemente, la necesidad de inmigrantes para cubrir puestos de trabajo, debería organizar expediciones reguladas, con orden, de contratación de personal en origen. Debería utilizar los medios aéreos o marítimos para el traslado de esa mano de obra desde su país al destino, para evitar las tragedias de los naufragios, conocidos y desconocidos. La travesía no puede ser un concurso de méritos para los que logren llegar vivos. Y si no se hace así, es lógico pensar que se produzca un “efecto llamada”, un estímulo para que miles de personas se lancen a esas dramáticas travesías.