La lucha contra el narcotráfico no perdona la tibieza

España no es un narcoestado. Conviene afirmarlo con claridad. Pero sería una grave irresponsabilidad ignorar que existen territorios donde el narcotráfico lleva años ganando terreno y desafiando cada vez con mayor descaro la autoridad del Estado. El sur de España, y muy especialmente el Campo de Gibraltar y otros puntos del litoral andaluz, se han convertido en escenarios donde las organizaciones criminales actúan con una capacidad operativa que debería suscitar una profunda preocupación en toda la sociedad y especialmente en nuestra clase política.

El problema ya no consiste únicamente en la entrada de toneladas de hachís o cocaína. Lo verdaderamente inquietante es el inmenso poder económico que genera este negocio. El narcotráfico mueve cantidades de dinero prácticamente ilimitadas, suficientes para adquirir embarcaciones de alta velocidad, tecnología de última generación, redes logísticas internacionales y, lo que resulta aún más peligroso, capacidad para corromper voluntades.

Cuando una organización criminal dispone de recursos casi inagotables, aumenta inevitablemente el riesgo de infiltración en distintos ámbitos de la sociedad. Esa es la verdadera amenaza. No hablamos solo de delincuencia organizada, sino de la posibilidad de que el dinero del crimen termine debilitando las instituciones, comprando silencios, favoreciendo complicidades y erosionando la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.

España aún está a tiempo de evitar ese camino. Pero el tiempo siempre juega a favor de quienes trafican con la droga y en contra de quienes tienen la responsabilidad de defender la ley. Ha llegado el momento de actuar con toda la determinación que exige un Estado de derecho: sin complejos, sin cálculos partidistas y sin escatimar recursos.

Por ello resulta difícil comprender cualquier reducción de efectivos o de medios destinados a quienes combaten estas mafias. La Guardia Civil, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y el resto de los cuerpos implicados necesitan más personal, mejores embarcaciones, tecnología más avanzada, sistemas de inteligencia más eficaces y, sobre todo, un respaldo político firme e inequívoco. Quienes arriesgan su vida frente a organizaciones cada vez más violentas no pueden sentirse abandonados.

Combatir el narcotráfico no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de seguridad nacional y de supervivencia institucional. Allí donde el crimen organizado percibe debilidad, avanza. Allí donde encuentra un Estado firme y decidido, retrocede. No existe un punto intermedio.

El Estado dispone de instrumentos suficientes para afrontar este desafío si existe verdadera voluntad política: incrementar los efectivos, reforzar la coordinación entre administraciones, intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales, dotar a jueces y fiscales de más recursos y recuperar el control absoluto de aquellos espacios donde hoy las mafias pretenden imponer sus propias reglas.

La historia demuestra que ningún país se convierte en un narcoestado de la noche a la mañana. Es un proceso lento, casi imperceptible al principio, en el que cada concesión, cada falta de medios y cada renuncia del poder público fortalecen a las organizaciones criminales mientras debilitan la autoridad del Estado.

España aún está a tiempo de evitar ese camino. Pero el tiempo siempre juega a favor de quienes trafican con la droga y en contra de quienes tienen la responsabilidad de defender la ley. Ha llegado el momento de actuar con toda la determinación que exige un Estado de derecho: sin complejos, sin cálculos partidistas y sin escatimar recursos.

Porque cuando el narcotráfico desafía al Estado, lo que está en juego no es únicamente la seguridad de nuestras costas. Lo que está en juego es la fortaleza misma de nuestra democracia.