La nueva agenda económica socialista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó este sábado un llamamiento enérgico a las fuerzas progresistas para que pasen a la ofensiva frente a una oleada de “ataques” contra la democracia en todo el mundo. Lo hizo en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, ante un auditorio que reunía a líderes de una docena de países, entre ellos Brasil, Colombia y México.

Con tono combativo, Sánchez advirtió de que el momento exige algo más que resistencia. “Nuestra respuesta no puede limitarse a defendernos. Resistir ya no es suficiente: tenemos que proponer, tenemos que liderar”, proclamó, apelando a una acción coordinada y ambiciosa de los gobiernos progresistas para reforzar las instituciones democráticas frente a las presiones que se multiplican en distintos puntos del planeta. La izquierda democrática internacional vuelve a colocar la desigualdad en el centro del debate económico, pero el desafío real será compatibilizar justicia redistributiva con estabilidad fiscal, competitividad y crecimiento sostenido.

Durante más de un lustro, la economía global ha vivido instalada en una sucesión de sacudidas que han redefinido sus prioridades. La pandemia de la covid-19 paralizó la actividad y obligó a los Estados a desplegar un gasto público sin precedentes. Apenas se recuperaba el pulso económico cuando llegaron los cuellos de botella logísticos, seguidos por una crisis energética que disparó la inflación y empujó a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Hoy, la tensión geopolítica en Oriente Medio amenaza con añadir una nueva capa de incertidumbre a un escenario ya saturado de riesgos.

La redistribución, la fiscalidad global y el freno de la desigualdad sin frenar el crecimiento orientan desde BCN los objetivos de Sánchez

Ese contexto explica el tono y el contenido del encuentro celebrado en Barcelona por dirigentes y economistas vinculados al movimiento progresista internacional. La preocupación compartida fue clara: las crisis recientes han acelerado una redistribución de riqueza que, en lugar de reducir desigualdades, las ha ampliado desde abajo hacia arriba. Los datos citados por los ponentes –indican que el segmento más rico concentra ya una porción creciente de la riqueza global– sirvieron de punto de partida para un debate que giró en torno a una idea: sin intervención pública decidida, el capitalismo contemporáneo corre el riesgo de erosionar su propia legitimidad democrática.

Una de las ideas más repetidas fue que la desigualdad no constituye solo un problema moral o social, sino también un factor de inestabilidad política. Economistas como Gabriel Zucman insistieron en que el aumento del patrimonio en la cúspide ha sido mucho más rápido que el crecimiento de los ingresos de las clases medias y trabajadoras. Si esa tendencia se consolida, advirtió, el sistema democrático puede transformarse en una estructura cada vez más oligárquica, donde la influencia política queda concentrada en manos de unos pocos.

El argumento no es nuevo, pero cobra fuerza en un contexto en el que el malestar económico se ha convertido en combustible político para opciones populistas y de extrema derecha. La inflación, el encarecimiento de la vivienda o la precariedad laboral no solo afectan al bienestar material, sino también a la percepción de justicia del sistema económico. La cohesión social depende, en gran medida, de la percepción de que los beneficios del crecimiento se reparten de manera razonable, subrayaron los sindicatos en BCN.

@J_L_Gomez