Un parche necesario

Se podría afirmar, y con razón, que los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno -sobre todo el primero que es el que puede ser aprobado, pues el segundo decaerá seguramente- son un parche para tratar de resolver un problema irresuelto desde hace décadas y que se trata de medidas sobre las que se legisla cuando la presión social aprieta.

Se podría afirmar, y con la misma razón, que los decretos defienden a los inquilinos actuales y pueden perjudicar a los inquilinos por venir -un argumento se utiliza también para denigrar la labor sindical cuando se dice que benefician a quien ya trabaja y perjudican a quienes quieren incorporarse al mercado laboral-, porque se van a encontrar con un problema de oferta si los propietarios retiran sus pisos del mercado inmobiliario si sienten inseguridad jurídica, aunque también se puede intervenir aumentando las cargas sobre quienes tienen pisos vacíos.

Se podría afirmar que el Gobierno ha fracasado en su política de vivienda en los últimos ocho años

Sin duda, la solución del problema de la vivienda debiera abordarse como una política de Estado -como tantos otros- pero los partidos políticos nacionales operan bajo el principio de “al enemigo ni agua”, pese a que los perjudicados sean sus propios votantes o simpatizantes. El voto en contra del “decreto Maricamen” por parte del PP está garantizado por el propio Feijóo, pero falta saber a qué medidas concretas se oponen, si van a aplicar el precepto anterior y tratarán de que no se aplique, como han hecho al ordenar que no se cumpla con aspectos de la ley de vivienda, sobre zonas tensionadas o los precios del alquiler sometidos al índice del Ministerio de Vivienda. Mencionar pactos de Estado cuando no se han aplicado las leyes vigentes por quienes tenían la competencia para hacerlo es un ejercicio de cinismo tan grande como el de la inflamada preocupación del Gobierno por resolver un problema de muchas aristas que hay que comenzar a limar, sobre todo cuando los argumentos contra la nuevas propuestas son que el único problema habitacional resuelto es el del matrimonio Iglesias-Montero y que la política de vivienda del Gobierno se resume, según la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, en que “el Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España”. Demasiada brocha gorda. Feijóo ha prometido no mentir a los españoles, pero las medias verdades o la ocultación de sus intenciones es otra forma de faltar a la verdad.

Del mismo modo, se podría afirmar que el Gobierno ha fracasado en su política de vivienda en los últimos ocho años en la parte que es de su competencia y que las dos normas aprobadas en el Consejo de Ministros son insuficientes porque el problema de la vivienda requiere afrontarlo de manera integral, compaginando derechos, obligaciones, mandatos constitucionales que se interpretan de forma contrapuesta y que pasa por la construcción de vivienda pública y que mantenga esa condición.

Pero con ser un parche, “eppur si muove”, y mejor un remedio que hace de la necesidad virtud, producto de la presión callejera como advertencia de un estallido social, y del revulsivo social y político que ha supuesto el desahucio de Maricarmen, que seguir sin hacer nada. Para el PP, cualquier control de una actividad privada es un sindiós; la izquierda radical propone un inútil todo o nada que nada resuelve; el PSOE sigue arrastrando los pies entre las demandas ciudadanas y sus penurias parlamentarias y mientras, los inquilinos presentes y futuros, están a la espera de alguna señal de esperanza para encauzar su vida adulta o familiar.