Los presupuestos como coartada

El Gobierno de España actúa convencido de que los recursos del Estado son de su propiedad. Da por supuesto que el presidente del Gobierno paga las pensiones de su bolsillo, desinteresadamente, porque es bueno y sensible con las necesidades de los mayores; que las partidas económicas de los presupuestos del Estado son dinero de Pedro Sánchez y sus ministros, pero, con generosidad, hacen partícipes de ellas al resto de los ciudadanos; que las fuerzas del Ejército son propiedad de la ministra de Defensa y ella las manda ir a donde le apetece para solucionar los problemas de la sociedad, si está de buen humor; que las fuerzas policiales son del ministro Marlaska, a quien hay que agradecerle que las movilice. Y así con todo. Hay que estarles agradecidos porque hacen lo que tiene obligación constitucional y legal de realizar si no quieren cometer un delito.

Las anomalías democráticas de este Gabinete llegan al extremo de que casi se considera una heroicidad que la ministra de Hacienda se atreva a presentar un proyecto de presupuestos del Estado. Hasta ahora, ella y su jefe Pedro Sánchez habían decidido ir en contra del mandato constitucional que le obliga a presentar el proyecto cada año. Aun así, un ciudadano normal se queda perplejo cuando observa que se convierte en hecho noticioso el anuncio de Sánchez de que su Gobierno de coalición “presentará a la vuelta de las vacaciones los presupuestos generales del Estado para 2026”, que es como si dijera que a la vuelta de las vacaciones vamos a gobernar. Y denme las gracias por el esfuerzo.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, estuvo un poco más cauta y prudente al reiterar este martes que el Gobierno sigue “con la misma voluntad y las mismas ganas” de presentar y aprobar unos presupuestos generales para 2026”. No está claro si se refiere a las mismas ganas de hace unos días o de los años anteriores.

Lo cierto es que este anuncio, sólo anuncio, puede ser una clara coartada para obligar al grupo de lo que podríamos denominar, con todo rigor, “consejo de administración” del Gobierno a apoyar el proyecto, bajo la amenaza de convocar elecciones en caso contrario. Pero también puede ser una añagaza para llevar a cabo su decisión, quizás ya tomada, de convocar elecciones anticipadas cuando le es imposible seguir gobernando. Con cierto pesar, coincido con la líder de Podemos, Ione Belarra, cuando se malicia que “los presupuestos son una jugada política como pretexto para justificar un adelanto electoral”.

Sánchez asegura que no, que va a ir hasta 2027 aunque no le aprueben los presupuestos, pero ya son de sobra conocidos sus “cambios de opinión”. Yo tengo la sensación de que las largas vacaciones en La Mareta, con el movimiento de una amplia flota de aviones y helicópteros, y con su familia en pleno, puede ser un anticipo de despedida, de aprovechar lo que queda porque va a perderlo.

Las amenazas de Torres

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, nada menos, ha recurrido a la amenaza de intervención por parte de los cuerpos de seguridad del Estado si las comunidades autónomas no aceptan a los menores no acompañados que les adjudique su ministerio. Nadie sabe cómo pueden intervenir estas fuerzas para alojar por la fuerza a los denominados “menas” en instalaciones de las comunidades autónomas o municipales, pero ahí queda la advertencia. Un estilo muy sanchista de quitarse un problema de encima. Lo normal en una relación entre administraciones sería comprobar el tipo de instalaciones con que se cuenta, si es necesario construirlas o adaptarlas; ver con qué presupuestos se va a hacer frente al traslado y al mantenimiento; verificar si hay personal especializado suficiente para atenderlos o si van a quedar a cargo de ONGs, o a lo que salga. Y todo ello hecho con tiempo, con dialogo, con previsión. Vamos, como hace las cosas un gobernante cabal. El Gobierno central no cumple la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a hacerse responsable de estos chicos, descargando a los “menas” en las comunidades autónomas como mercancía, para que otros le resuelvan el problema.

La culpa es del PP

La consigna sanchista para las comparecencias de sus ministros en el Parlamento, y ante los medios, es siempre las misma, y faltando a la verdad: El Gobierno lo ha hecho todo bien, a tiempo, con anticipación, con previsión, con muchos medios puestos sobre el terreno en el momento adecuado. Si hubo incendios ha sido por culpa del PP, de las comunidades autónomas gobernadas por los populares, por su falta de previsión y coordinación.

No creo que los afectados tengan la misma opinión de tan ejemplar funcionamiento del Gobierno. Si fuera así, Sánchez podría pasearse triunfante por todos los lugares afectados, pisando cenizas y calles calcinadas, recibiendo muestras expresivas de agradecimiento, incluso un besamanos. Pero no parece.