Regularización masiva

Como una polémica política más, de las muchas que le gusta provocar al Gobierno en España, para enfrentar a unos sectores sociales y políticos con otros, ha puesto sobre la mesa el proyecto de la regularización masiva e indiscriminada de inmigrantes.

Una regularización de esas características demuestra que la administración estatal no es capaz realizar un proceso ordinario. Esta incapacidad puede estar provocada por falta de personal, la falta de servicios administrativos, la falta de previsión, o por una auténtica avalancha de inmigrantes entrando de forma ilegal, con el consiguiente colapso de los servicios habituales.

Pero este proceso parece ser más una imposición de los sectores ultraizquierdistas del Gobierno que una decisión propiamente gubernamental. No fue pensada para solucionar las necesidades de los ciudadanos sino para mantener a los sectores extremistas dentro de la órbita gubernamental.

Parece que en estos razonamientos se olvida la realidad social de España, donde los inmigrantes representan el 18 por ciento de la población y proporcionan el único incremento demográfico que se registra en nuestro país, pues el originario español es negativo.

Y para avivar el fuego, tales partidos políticos utilizan la excepcionalidad como arma contra sus oponentes. Acusan de racismo, xenofobia, de inhumanidad, de casta, de incoherencia, de hipocresía, a todos los que no estén de acuerdo. Y plantean un sofisma sobre algo que nadie discute: ¿Qué sería de nuestras casas, de nuestros mayores, de la hostelería, si no regulamos a los inmigrantes?

Parece que en estos razonamientos se olvida la realidad social de España, donde los inmigrantes representan el 18 por ciento de la población y proporcionan el único incremento demográfico que se registra en nuestro país, pues el originario español es negativo.

Olvidan los acusadores de xenofobia que la población inmigrante regularizada en España, según datos oficiales, está sobre nueve millones de personas. Que ya hay una segunda generación que supera los tres millones. Se olvidan también de que casi tres millones de esa primera generación han obtenido la nacionalidad española. No saben, probablemente, que en España hay inmigrantes regularizados de casi todos los continentes y que los latinoamericanos representan cerca de la mitad, aunque, por países, los mayoritarios son de Marruecos.

Pues todo eso muestra un retrato muy lejano a la xenofobia, el racismo o la intolerancia. Demuestra que la obtención de documentos para los inmigrantes es un procedimiento administrativo habitual. Otra cosa muy distinta es que haya descontrol en la entrada ilegal y masiva de migrantes que, junto con propuestas de regularizaciones excepcionales, sí representan un grave problema para cualquier país.

Se supone que en toda Administración pública de un Estado existen procedimientos para regularizar a los emigrantes que entran en el país buscando trabajo para mejorar su vida. Si fuera eficaz esta Administración los procesos serían más ágiles. En todo caso, deben saber cuántos irregulares están trabajando, cuántos en espera de empleo, cuántos en espera de vivienda. Saber cuántos estaban ya en el país o cuantos han llegado justo para la regularización. Además, la administración que regulariza debe garantizarles una vida digna. Lo contrario sería un desconcierto, desorden, mala administración y demagogia política.

Se supone que cuando un Gobierno quiere abordar la legalización masiva de inmigrantes, debe tener previsto el sector productivo en el que van a realizar su trabajo. Debe saber dónde es más eficaz su función. Tener instrumentos para controlar la legalidad de las contrataciones, la legalidad de las empresas, ofrecer garantías de trabajos dignos. Necesita organismos, funcionarios, departamentos, dedicados exclusivamente a esta función para que los aspirantes a regularizar su situación tengan un trato digno en el proceso, que no se sientan como ganado en colas interminables, con mal trato oficial, o como personas de tercera clase.

Se supone que el Gobierno, o la Administración pública en general, debe procurar que tengan recursos para poder vivir con la familia, sin verse obligados a buscar soluciones habitacionales indignas o infrahumanas. Se supone que la Administración pública deber saber cuántas viviendas hay disponibles para los emigrantes, sobre todo cuando pretende hacer una regularización indiscriminada de cientos de miles de personas. Debe saber si hay casas sociales disponibles, si tiene que construirlas, si cuenta con presupuestos para llevar a cabo las obras, si van a ser asequibles para estos trabajadores. Debe pensar si sería más necesario buscar otras soluciones inmediatas, sin dejar de ser dignas.

No puede pretender que con la regularización se consoliden los guetos, la vida insalubre de cientos de personas en fábricas o locales abandonados, con total falta de higiene, o las tiendas de campaña en las calles. Esta debe ser la principal preocupación de toda regularización responsable.

Llevar a cabo un proceso que no tenga en cuenta estas necesidades es poner en marcha un mecanismo demagógico, irracional e inhumano.

Rotos y descosidos | Los alquileres vulnerables

Las personas o familias vulnerables que, en una etapa determinada de su vida, no puedan pagar los alquileres de los pisos que ocupan no deben ser puestos en la calle por ningún procedimiento judicial, sea quien sea el propietario de esa vivienda. Es un loable objetivo. Es muy solidario que un Gobierno, o un partido político, haga esa propuesta y se plantee llevarla a cabo con entusiasmo. Pero debe ser coherente.

Esa solidaridad que quiere establecer como ley obligatoria no la deben pagar otros. Un partido político o un Gobierno no puede establecer que las ayudas a los débiles vayan a cuenta de los particulares. La protección a los vulnerables propuesta por la Administración del Estado debe pagarla quien la propugna. Esas familias que se ven en el trauma de no poder hacer frente al alquiler necesitan una ayuda pública inmediata para ese pago. Así se legisla con coherencia y responsabilidad. Con esa garantía ningún propietario pondría reparos a las medidas que intenta instaurar el Gobierno, aunque habrá que ver si cuenta con apoyos suficientes para lograrlo. Sería una pena que quedara todo en un suflé emocional, en expresión de Oscar Puente.