Regularización

En el lapso entre la redacción de estas líneas y su publicación habrá concluido el llamado “proceso de regularización” de inmigrantes lanzado por el Gobierno hace varias semanas, en el cual, según parece, el número de solicitudes supera ampliamente el millón (más del doble de la cantidad inicialmente prevista por las autoridades). Hecho que ha sido calificado como “histórico” y una “decisión de justicia” por el presidente del Gobierno.

Vaya por delante que en esta columna siempre se ha defendido que la mejor forma de combatir la entrada irregular de inmigrantes es apostar por suavizar la regular. La rigidez de los criterios y la complejidad burocrática sobre la que se ha limitado el acceso a la “fortaleza europea” son las razones básicas que empujan a miles de personas a emplear medios alternativos, llegando a incluir en casos extremos la participación de redes de trata de seres humanos.

Precisamente por eso es aún más injusta y arbitraria, como mínimo, la decisión adoptada por nuestro Gobierno. Porque pone a la misma altura a quienes se sacrificaron por cumplir con los más exigentes requisitos, con el consiguiente gasto de dinero, tiempo y energía, y a quienes optaron por una vía no más fácil, pero sí ilegal, vulnerando las condiciones que, por algo será, son requeridas para permitir traspasar nuestra frontera.

Una de dos, o la injusticia radica en un sistema exageradamente restrictivo (y, por tanto, la justicia se encuentra en relajarlo para todos); o la injusticia está, por el contrario, en tratar igual lo que es desigual: es decir, en utilizar el mismo rasero tanto para quienes cumplieron como para los que no cumplieron con la ley. Por tanto, señor presidente, su regularización masiva es todo lo contrario a un acto de justicia.

La crítica a este proceso no impide lamentar el drama de la inmigración irregular y de las personas que se involucran en este tipo de situaciones

Y ello con el agravante, como se ha señalado aquí más de una vez, de que la entrada en nuestro país implica también la libre circulación por el llamado espacio Schengen, que abarca la mayor parte del territorio de la Unión Europea. De ahí las críticas que ha recibido la “solución española” de los dirigentes de varios de nuestros países vecinos, alarmados por la avalancha que se les viene encima, Pirineos mediante.

La crítica a este proceso no impide lamentar el drama de la inmigración irregular y de las personas que se involucran en este tipo de situaciones que, dicho se de paso, no implican una conducta delictiva para quien las protagoniza (a diferencia de quien las promueve). La situación de estancia irregular supone una mera infracción administrativa que, solo en el caso más extremo, se sanciona con la expulsión del país.

Es más, seguramente en un alto porcentaje de casos los inmigrantes irregulares cargan de modo injusto con el sambenito de la delincuencia, cuando solo se trata de personas que buscan un horizonte mejor para sí y para sus familias. Lo que es, otra vez, un argumento a mayores para buscar soluciones legales que permitan regular los flujos migratorios de manera ordenada y coherente, evitando así la necesidad de este tipo de medidas extremas.

La solución, de nuevo, que ya ha sido expuesta en entregas anteriores de esta columna, se encuentra en la flexibilización de los criterios para la residencia por trabajo y, en particular, en la ampliación del exiguo catálogo de ocupaciones de difícil cobertura; lo que permitiría la contratación en origen de personas necesarias para cubrir vacantes en puestos concretos, facilitando así su entrada en nuestro país de forma regular.