La polémica volvía a saltar a los medios a raíz de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa. Duplicidad de funciones, falta de coordinación y comunicación entre los dos Cuerpos de Seguridad del Estado en las tareas de búsqueda. Este panorama no sorprende en absoluto a muchos profesionales de la Seguridad, habituados a escenas de este tipo.
La existencia de una actitud permisiva hacia la Guardia Civil, que, sin ningún tipo de trabas entra en terreno de la Policía Nacional, en una clara vocación urbana e internacional, dejando sin servicio zonas rurales y ocupando destinos que son, por ley, de ámbito de la Policía está provocando un malestar pujante entre el colectivo policial. El ejemplo lo tenemos en el Puesto de Ourense. Al no disponer de la catalogación de “Principal” obliga, a los ciudadanos que quieren presentar, en horario nocturno, una denuncia por un hecho ocurrido en el rural, a desplazarse a Carballiño o a interponerla en la Comisaría de Policía Nacional, lo que, de inicio resta eficacia y eficiencia ya que el Cuerpo encargado de investigar el suceso será la Guardia Civil.
Este hecho no es responsabilidad de los guardias civiles que cuentan con unos grandes profesionales que a diario prestan una labor de prevención e investigación vital para la sociedad, pero sí lo es de sus responsables, tanto policiales como políticos que con su acción u omisión incumplen la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
75.000 guardias civiles, 65.000 policías locales, 64.000 nacionales, 16.000 mossos, 7.000 ertzaintzas, 1.000 forales, más Unidades de Policía Adscrita, otras policías autonómicas, aduanas o policía portuaria, suman un total de 222.000 miembros de las FCS. El ratio de policías por 1.000 habitantes en la Eurozona es de 3,6 y sin embargo España alcanza los 4,8, siendo la tasa más alta del continente y duplicando la media de Estados Unidos y del Reino Unido. A pesar de estos datos, existen unas acentuadas carencias de personal en todos los Cuerpos en relación con su Catálogo de Puertos de Trabajo, lo que nos dirige a la siguiente pregunta: ¿falta personal o falla la coordinación? La respuesta la podemos comprobar cada vez que se produzca un caso de violencia de género, un incendio forestal en las inmediaciones de la ciudad o un vertido al río Barbaña.
O se respeta la Ley o se modifica el modelo policial, pero hacer la vista gorda, no parece la mejor solución.
