El secreto profesional de los periodistas

Al final el ínclito José Félix Bolaños, en gran hacedor de “múltiples” reformas y que genera desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esa gran fábrica de productos que embarduna por doquier, ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto que desarrolla por primera vez el artículo 20.1.d) de la Constitución por lo que el derecho al secreto profesional tendrá desarrollo legislativo específico. Es el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La iniciativa del Gobierno forma parte del Plan de Acción por la Democracia, y pretende lograr el objetivo “de fortalecer la transparencia, la pluralidad y la independencia en el ecosistema informativo”. Dicha norma establece la protección de fuentes periodísticas “como obligación del Estado” y para Bolaños “el secreto profesional no es un privilegio del periodista, sino un derecho de la ciudadanía a recibir información libre y veraz”. El citado anteproyecto impulsa “códigos deontológicos y mecanismos de autorregulación sectorial” y las administraciones públicas “los respaldarán, pero el liderazgo corresponde a los propios profesionales y medios”.

El caso es que el Gobierno va a restringir el secreto profesional de los periodistas por si afectan a la seguridad nacional. En cualquier caso, esta ley va a blindar dicho secreto profesional y limitando su levantamiento “a casos excepcionales que generan ambigüedad”. El señor ministro matiza un poco más “Queremos proteger el trabajo de los profesionales de la información, incluyendo el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones”. Félix Bolaños está decidido a ejecutar esta nueva norma y abunda que “el juez puede establecer medidas proporcionales para conocer la fuente de los profesionales de la información” y continúa “solo podrán ser proporcionadas cuando el sacrificio de los derechos no sea superior al beneficio para el interés general y de terceros”. El caso es que el Gobierno proyecta “garantizar el derecho al secreto profesional de los periodistas”.

El caso es que el Gobierno va a restringir el secreto profesional de los periodistas por si afectan a la seguridad nacional.

En el texto del articulado se establece que “los y las profesionales de la información tienen derecho a no revelar sus fuentes informativas ni facilitar ninguna referencia o dato que pueda conducir a identificarlas, y que no tienen que entregar su material de trabajo, dispositivos u otras herramientas que permitan identificar la fuente si son requeridos a hacerlo”. El ministro va más allá “no se podrán producir supuestos como aquel que tanta angustia generaron a periodistas” y por supuesto que ahora el Gobierno pretende evitar.

Eso sí, asimismo se detallan los casos en los que podrá limitarse “el derecho al secreto profesional” y que será siempre que lo acuerde un juez. Ahora, mas de medio siglo después, el Gobierno de Pedro Sánchez regula este secreto profesional. Al final, el Ejecutivo empieza a delimitar el papel de la información.