Se ha cumplido un mes de la explosión que se produjo en el puerto de Beirut, y la capital libanesa sigue sin recuperar el pulso después de la tragedia que causó más de 200 muertos y cerca de 7.000 heridos. Además, el 20 por ciento de las familias de la capital han perdido su casa debido a la deflagración lo que implica que 300.000 personas se han visto obligadas a desplazarse dentro de un país convertido en un hervidero en el último año. A la presión que lleva soportando décadas por las guerras de la región y al hecho de ser el país con más refugiados per cápita del mundo precisamente por su ubicación geográfica hay que sumar un clima de inestabilidad política y económica al que la pandemia del coronavirus y la explosión no han ayudado en absoluto.
Según un reciente informe publicado por Acción Contra el Hambre, en lo que va de pandemia el 70 por ciento de los libaneses y el 88 por ciento de los sirios refugiados allí -que suponen casi el 20 por ciento de la población total del país- han perdido su empleo. A esas circunstancias hay que añadir que la explosión ocurrió en el puerto civil donde se almacenaba el grano para un país que importa entre el 80 y el 85 por ciento de su alimento.
La explosión fue para Líbano el detonante perfecto para retomar las protestas en las calles. El país estaba sumido en una ruina económica y una inestabilidad política que se materializó en la dimisión de la práctica totalidad del Gobierno, sobrepasado por las circunstancias e incapaz de gestionar tanto caos. Los responsables políticos libaneses designaron el pasado lunes a un nuevo primer ministro, Mustapha Adib, que ha prometido serias reformas y un acuerdo con el FMI en el que gran parte de los ciudadanos libaneses tienen puestas sus esperanzas. Adib tiene el reto de reconstruir la clase política.
A un mes de aquel estallido, las noticias que llegan desde el país de los cedros son alarmantes no solo para la población libanesa, sino para los casi 1,7 millones de refugiados sirios y palestinos que sobreviven en campos de refugiados. Los ojos del mundo ahora están puestos en Beirut, por lo que la ayuda humanitaria cambiará de manos y se desplazará de los campos a la reconstrucción de la ciudad, lo que aumentará la pobreza estructural y la discriminación hacia las personas refugiadas, según advierten las organizaciones que trabajan en la zona.
