La trampa socialista de los alquileres

En España tenemos un problema serio con la vivienda. Especialmente en las grandes ciudades, encontrar un alquiler asequible se ha convertido en misión imposible para miles de familias y jóvenes que buscan emanciparse. Ante esta realidad, la receta que ha aplicado el socialismo sanchista era la esperable: intervenir el mercado, fijar precios máximos y dictar desde un despacho lo que consideran “justo”. Igual de esperable era, por tanto, que los resultados fueran exactamente los contrarios a los anunciados.

Los portavoces de Moncloa no han tardado en proclamar el “éxito” de la medida y que los precios “se han abaratado” gracias a su gestión

El ejemplo claro es Cataluña, donde se ha fijado un techo al precio de los alquileres. Los portavoces de Moncloa no han tardado en proclamar el “éxito” de la medida y que los precios “se han abaratado” gracias a su gestión. Una afirmación que suena bien en rueda de prensa, pero la realidad es otra: la escasez de vivienda en Cataluña ha empeorado.

Muchos propietarios han retirado sus pisos del mercado, bien porque ya no les compensa arrendar en esas condiciones, bien porque optan por otros usos más rentables, como el alquiler temporal o turístico. Y, como ocurre en cualquier mercado, cuando la oferta disminuye mientras la demanda aumenta, el resultado no es más accesibilidad, sino más escasez. Más competencia feroz entre inquilinos por menos viviendas disponibles.

El control de precios es, probablemente, el ejemplo más claro de cómo una política bienintencionada termina generando efectos contrarios a los deseados. Es un principio fundamental de la economía: si el Estado fija un precio máximo por debajo del precio de mercado, inevitablemente se genera un exceso de demanda y una contracción de la oferta.

Ahora bien, conviene no olvidar que los precios altos de la vivienda no surgieron de la nada. La raíz del problema está en la falta de seguridad jurídica que padecen los propietarios desde hace años. La legislación ha favorecido a menudo a los ocupas y a los inquilinos morosos, generando la sensación de que arrendar una vivienda en España es una apuesta de alto riesgo. Ante esa incertidumbre, muchos propietarios han optado por blindarse con precios elevados o directamente retirar sus pisos del mercado.

En lugar de solucionar este problema de base, el Gobierno ha añadido otro aún mayor: el control de precios. La verdadera solución pasaría por devolver la confianza a los propietarios mediante desalojos rápidos frente a la morosidad y la ocupación, estabilidad regulatoria y un marco que incentive la inversión y el alquiler. Solo así se conseguirá aumentar la oferta y moderar los precios de forma sostenible.

En Cataluña, los indicadores son ciertamente preocupantes. Portales inmobiliarios y asociaciones del sector hablan de caídas intensas en la oferta disponible. Cada piso que se anuncia recibe muchas más solicitudes que antes, generando un efecto perverso: el propietario puede escoger entre decenas de candidatos y, como es natural, tenderá a preferir a inquilinos con mayor solvencia, contratos indefinidos y garantías económicas. ¿Quién queda fuera? Precisamente los jóvenes y las familias con menos recursos, que eran quienes supuestamente iban a beneficiarse de la medida.

Obviamente el precio de la vivienda que se alquila es menor (cómo no iba a serlo si has limitado el precio por ley). Pero la realidad es que hay mucha más gente buscando casa que antes del control de precios. Hay más escasez. La vivienda ha bajado para el que ha conseguido que le alquilen una, pero ha dejado a todos los demás con una mano delante y otra detrás. En Cataluña hay más de 331 muestras de interés por cada vivienda que se alquila, mientras que en Madrid hay únicamente 109 (la media de España es de 124). La oferta de pisos en Cataluña ha caído a la mitad en cinco años. Una auténtica tragedia.

El Gobierno central, sin embargo, sigue defendiendo su política con la retórica habitual, confundiendo deseos con realidades. La vivienda será un derecho, pero eso no significa que pueda generarse por decreto. Lo que se necesita es seguridad jurídica, menos trabas burocráticas y protección frente a la ocupación y la morosidad. Lo contrario, es decir, cargar sobre los hombros de los propietarios la responsabilidad de abaratar la vivienda, solo logra que muchos de ellos decidan salir del mercado. Al final, el control de precios no castiga a los grandes fondos, sino al pequeño ahorrador que alquila su piso como complemento a su pensión o como inversión familiar.

La verdadera alternativa pasa por abrir el mercado, no por encorsetarlo. España necesita más vivienda disponible, y eso solo se logra facilitando la construcción, reduciendo impuestos que encarecen los proyectos y promoviendo colaboración público-privada donde tenga sentido. El Estado debería centrarse en derribar las barreras que impiden a la oferta crecer y a los precios moderarse de manera natural, en lugar de empeñarse en manipularlos artificialmente. El intervencionismo ha vuelto a demostrar su fracaso… y ya hemos perdido la cuenta de las veces.