Opinión

PAC 2020, más exigencias y menos fondos

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), para su aplicación más allá de 2020, va a constituir con todo el merecimiento ser uno de los ejes de los debates comunitarios en los próximos meses y también de las preocupaciones de agricultores y ganaderos beneficiarios de la misma. Al margen de que, por razones de calendarios electorales o por los retrasos de Bruselas, a la hora de  presentar sus propuestas de reglamentos que podrían no estar listas hasta el primer trimestre de 2018, la realidad es que la PAC, por su importancia para el mantenimiento de las rentas del sector agrario, es algo que preocupa más allá de los problemas puntuales o coyunturales de los mercados que puedan afectar a determinadas  producciones.

De cara a la futura reforma de la PAC, es obligado hablar de dos escenarios diferentes, aunque los mismos se hallen totalmente ligados. Uno, el referido a las condiciones y exigencias para cobrar  las ayudas comunitarias en el futuro, algunas de las cuales  ya se  han comenzado a plantear en la PAC para 2018. Dos, el que afecta a  los debates en las instituciones comunitarias sobre los presupuestos futuros de la UE y  el peso que vaya a tener la  PAC en la distribución de los fondos.

Durante los últimos tiempos ya se ha puesto de manifiesto que en el futuro, para acceder a las  ayudas comunitarias, el sector agrario deberá  llevar a cabo importantes cambios en su comportamiento para cumplir con las exigencias mucho más duras en materia de medio ambiente y el sostenimiento del territorio con una actividad agrícola o ganadera sostenible. Desde esa perspectiva, pasan a una primera línea las exigencias de actuaciones encaminadas a una utilización más racional agua. Preocupa el deterioro de los suelos tanto por el uso de productos agroquímicos en exceso por los vertidos como los purines incontrolados o simplemente por  la aplicación al territorio de unas prácticas de laboreo esquilmadoras del suelo. Las autoridades comunitarias pretenden actuar igualmente sobre la actividad de las explotaciones ganaderas básicamente en las intensivas, en este caso también, tanto por el uso abusivo de  los productos zoosanitarios como por los vertidos y por la emisión de gases con efecto invernadero. Al margen de las nuevas exigencias medioambientales, la nueva reforma dejaría otra vez la puerta abierta a los países  miembros para  definir nuevamente la condición de agricultor activo para acceder a los cobros  y la posibilidad de limitar ayudas  a un techo, en el caso d España seguir con un recorte del 5% para los fondos que superen los 150.000 euros.

Las nuevas exigencias medioambientales para acceder a las ayudas pueden suponer un contratiempo y mayores  costes  para muchos agricultores y ganaderos. Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta la futura reforma de la PAC     se concreta  en las dudas actuales sobre si va a contar o no con los recursos suficientes para mantener los actuales niveles de  gasto, casi 400.000 millones en toda la UE, el 37% de todo el presupuesto comunitario y del que se benefician unos siete millones de agricultores y ganaderos, y casi 44.000millones en el caso de España entre ayudas directas  y pagos para desarrollo rural en el periodo 2014 a 2020.

El presupuesto comunitario se elabora  en un 80%  con la aportación de todos los países miembros de casi el1% de su Producto Interior Bruto, un 16% por derechos de aduana actualmente a la baja y  un 12% por cobros de IVA. Hace  cuatro décadas, en la formación de  de ese presupuesto, las aportaciones de los países solo suponía el 44% del mismo, mientras los derechos de aduana significaban el 65%  cuando no se había  producido la actual política de fronteras abiertas a terceros países.

De cara a 2020, el presupuesto comunitario no tendría una aportación neta del Reino Unido entre los 10.000 Y 11.000 millones de euros que, en el caso de la PAC suponen un descensos de recursos de unos 3.600millones de euros anualmente, y que trasladados a los cobros españoles significarían un descenso de los mismos en  unos 400 millones de euros. 

A este problema, de menos recursos, se suma la importante corriente comunitaria donde  gana peso el interés por otras políticas como la seguridad, la defensa, el control de fronteras, la inmigración o el empleo con el riesgo evidente de que  de las arcas comunitarias puedan salir más fondos para  esos otros fines en lugar de para la PAC. Esta sería una de las razones por las que el propio comisario Phill Hogan haya  tratado en los últimos meses con  diferentes acciones de implicar a toda la sociedad civil comunitaria para  apoyar la política agraria proveedora de alimentos de calidad y seguros a buen precio, así como de sostener el 80% del territorio.
Ante este nuevo escenario, las autoridades comunitarias mantienen un periodo y proceso de reflexión que en los últimos meses se concretó en un documento sobre el futuro de la finanzas de la UE, que con seguridad no será el último, donde se aborda esta cuestión globalmente y  muy específicamente en lo que afecta a la PAC como buque insignia de las políticas comunes. Este documento considera la posibilidad de hasta cinco escenarios. El primero, que todo siguiera igual en la concepción de la PAC, pero con un presupuesto más bajo, lo que obligaría a nuevos recortes en las ayudas directas. Un segundo escenario con menos fondos plantea hacer menos políticas en común, lo que obligaría a  centra sus actuaciones en las explotaciones y zonas con más dificultades

El tercero es que, si hay menos recursos  se contemple la posibilidad de dar más libertad para que los países pudieran implementar sus apoyos Un cuarto escenario  contempla algo parecido al desmantelamiento parcial de la PAC  y un quinto va en dirección opuesta al contemplar la posibilidad remota de un aumento de los recursos.

En cualquier caso, la realidad es que la PAC se halla ante un problema de menos fondos  y donde, para  mantener el actual nivel de ayudas, básicamente caben dos  salidas. Una, la decisión de los países miembros de aumentar sus aportacionesy, la otra, establecer un sistema de cofinanciación donde  cada país  ponga  sus recursos, lo que podría dar lugar a  romper la unidad de mercado si unos Estados apoyan más que otros a su sector agrario a efectos de ayudas. En el fondo,  más recursos d cada país a la agricultura y al mundo rural, algo de lo que en el caso de España se presenta como un  objetivo complicado a la vista de la evolución de las aportaciones estatales a la baja en los últimos años a los presupuestos de Atocha. 

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