Visto para sentencia

Tras veinte horas de interrogatorios a los acusados quedó visto para sentencia el pasado miércoles el primer capítulo de la trama de corrupción que desde hace cuatro años escandaliza la vida política española. Comienza el turno de las deliberaciones de los miembros del Supremo a los que ha correspondido el llamado caso de las mascarillas, que no se trata del más importante de la trama. Se calcula que se conocerá esa sentencia en el mes de julio.

Quedan hasta entonces semanas de incertidumbre para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El fiscal pide 24 años de prisión para el primero, 19 para el segundo y 7 para el tercero. Pero independientemente de las repercusiones políticas y sociales que va a tener la sentencia, en estos últimos días se ha evidenciado la convulsión que se vive en el mundo judicial.

Daba la impresión que se había alcanzado el grado máximo de crispación con la filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso a varios medios de comunicación, que acabó judicializado y condenó al ex fiscal general Alvaro García Ortíz como inductor de la filtración. Perdió su puesto, pero no la carrera.

El Gobierno nombró sucesora a Isabel Peramato, colaboradora de García Ortiz que precisamente durante los días del juicio del caso Ábalos hizo una serie de nombramientos. No renovó el de Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid y cuyo testimonio había sido fundamental para la condena de Ortíz, y Peramato ofreció importantes destinos a fiscales situados en el escalafón varios centenares de puestos por debajo de Lastra. En esta última tanda de nombramientos, destinó a la mujer de García Ortiz como número dos de la fiscal de Galicia.

Cadena de mando

Ese grupo de fiscales que se autodenominan progresistas, desde la Fiscalía General se alinean abiertamente con el Gobierno. Entre otras razones es el Gobierno quien elige y nombra a los fiscales generales del Estado; al contrario de lo que ocurre con los jueces, independientes del Ejecutivo y Legislativo, los fiscales cuentan con una cadena de mando. Y en el asunto que nos ocupa, el juicio de Ábalos, Koldo Aguirre y Victor Aldama, ha querido intervenir.

Aldama es el acusador más peligroso para la trama que giraba en torno al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del partido

El abogado del empresario y comisionista, José Antonio Choclán, uno de los penalistas de mayor prestigio de España, que ha defendido a importantes figuras como Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes, Julio Iglesias o Rita Barberá, preparó minuciosamente la declaración de Aldama, para lograr su objetivo de reducción de pena por colaboración con la justicia y se le aplicaran atenuantes por confesión. El PP, personado como acusación penal en el juicio por las mascarillas, pidió esa aplicación de reducción de condena, y así se había publicado. Sin embargo, poco antes de que finalizara el juicio, la fiscal general Peramato trasladó a la Fiscalía del TS que no eran aplicables los atenuantes a Víctor de Aldama. Para el PSOE y el Gobierno, Aldama es el acusador más peligroso para la trama que giraba en torno al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del partido, porque como integrante de ese grupo que cobraba comisiones del empresario a cambio de adjudicaciones del Gobierno, Aldama tenía información exhaustiva de cómo funcionaba la trama y cuál era el papel de cada uno de los integrantes.

El sobre de Aldama

El último día de juicio, el de las alegaciones de los encausados, defensores y fiscales, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, hizo una brillante intervención que echaba por tierra la consideración de Peramato de que Aldama no debía ser merecedor de rebajas penitenciarias. Explicaba Luzón que Aldama era una figura decisiva en el juicio al descubrir aspectos desconocidos, y se apreciaba “una atenuante muy cualificada”. Añadió unas reflexiones muy gráficas sobre lo que significaba el reconocimiento de atenuantes para quienes colaborasen con la justicia, advirtiendo de que si no se premia esa colaboración “se impondrá la ley del silencio”.

La declaración de Aldama en el juicio, precedida por sucesivas declaraciones previas ante la policía judicial que investiga la corrupción de ex altos cargos del Gobierno y del PSOE, solo la conocen los investigadores. Esta periodista, tras escuchar a Aldama en su primera intervención ante el Tribunal Supremo, recogía que aportaba datos importantísimos… pero sin pruebas en las que apoyarlas. La misma interpretación que había hecho el Partido Socialista y el Gobierno.

Sin embargo, posteriormente consultados en momentos distintos, dos abogados y un juez me sacaron del error -no he estudiado Derecho- al explicar cómo se aportan las pruebas en un juicio. “No te dejes llevar por lo que crees que aprendes en las películas”.

La policía judicial -Guardia Civil a través de la UCO o Policía Nacional a través de la UDEF- traslada las pruebas e informes al juez. Algunas trascienden porque se “cuelan” hasta llegar a periodistas, en la mayoría de los casos a través de los propios encausados. Y aparecen por tanto en los medios de comunicación. Pero otras se guardan bajo siete llaves. Unas terceras se retienen para filtrarlas cuando se considere que ya se puede hacer. En estos cuatro años de investigación sobre las andanzas de Ábalos y su círculo, muchas de las informaciones publicadas estaban guardadas desde hacía meses o incluso años. Por los propios vinculados a la corrupción, y también por periodistas que esperaron a confirmarlas antes de darles salida. Y no siempre la confirmación es fácil.

En este momento, con el juicio finalizado, la atención se centra en una prueba hasta ahora desconocida. Hasta ahora. Un sobre que hace algo más de un mes entregó Aldama al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso hidrocarburos.

Ese sobre supuestamente contiene las pruebas que demostrarían que la petrolera estatal de Venezuela llegó a un acuerdo con operadoras de hidrocarburos españolas para distribuir en España un cupo de petróleo valorado en 250 millones de dólares. Esas empresas, entre ellas Villafuel, vinculada a Victor de Aldama, pagaban a miembros de la trama para obtener la licencia de operadora, licencia sin la que no es posible participar en la distribución y venta de carburantes.

Comisiones

Según declaró Aldama al juez al que entregó el sobre, las comisiones que se pagaban tenían como destino final la financiación del PSOE y también a la Internacional Socialista, que eligió a Pedro Sánchez como su secretario general.

Todo esto, junto a lo que han declarado Ábalos, Koldo y Aldama, y ver si han incurrido en contradicciones, es lo que analizará el Tribunal Supremo en las próximas semanas para llegar a un veredicto que el presidente Martínez Arrienta desea que sea por unanimidad.

El caso está visto para sentencia.