La disputa por el traslado de la Plaza de Abastos llega mañana al Juzgado

La disputa por el traslado de los placeros de la instalación temporal de la Alameda entra en una semana clave. El próximo miércoles, 17 de septiembre a las 12,00 horas, un juez tendrá que decidir si suspende o no el requerimiento administrativo en el que el gobierno municipal da tres meses a los placeros para elaborar un plan de obras que remate la reforma de la Plaza -ahora mismo vacía por dentro y sin sistemas de suministro de agua o electricidad, además de la ausencia de montacargas- y otros seis meses para su ejecución, con la amenaza de desahuciar del edificio temporal de la Alameda en caso de no cumplir.

Las obras han durado siete años y ahora les dicen que tienen que invertir casi dos millones de euros para dotar al edificio municipal de las instalaciones que ya tenía

“Es una auténtica aberración”, explica Juan Carlos González, abogado de los placeros, “tienen un contrato de concesión, están ejerciendo su actividad, y ahora les dices que tienen que marcharse de allí transitoriamente durante los 18 meses que van a durar las obras”. El abogado añade que “las obras han durado siete años y ahora les dicen que tienen que invertir casi dos millones de euros para dotar al edificio municipal de las instalaciones que ya tenía”.

Para González, la clave de toda la disputa está “cuando se materializa el traslado, que hay un convenio en el que, si bien una parte dice que los placeros regresarán al edificio reformado en iguales términos y condiciones del contrato concesional, en otro epígrafe dice que tendrá que retornar en las condiciones establecidas en el proyecto de reforma aprobado por la Junta de Gobierno local en el año 2013”.

¿Quién paga?

Este segundo epígrafe es en el que se escuda el alcalde para insistir en que sean los placeros quienes costeen el remate de las obras, presupuestado en dos millones de euros, de los que la Xunta de Galicia se había comprometido a aportar 1,4 millones. “Los placeros iban a aportar 200.000 euros, y el Concello los 400.000 restantes”, enumera Carlos González, “estaba todo arreglado, y el alcalde llegó a una reunión, y dijo que aquí no se hacía nada”.

Para el letrado, “el propio convenio de traslado es ambiguo, pero aun así, el proyecto tampoco lo han cumplido, porque hay numerosas irregularidades de obra que figuran en el proyecto que no se han hecho”, y el consistorio no debería “acogerse únicamente al convenio para lo que le beneficia y renegar de él para lo que le perjudica”.

A ojos del abogado de los placeros “hay una modificación contractual en toda regla. Había que seguir un procedimiento legalmente establecido que aquí no se ha seguido”. El caballo de batalla estará también en el hecho de que “no puedes exigir invertir casi dos millones para dotar a un edificio municipal de las instalaciones que ya tenía; y que esas mismas instalaciones reviertan cuando se extinga la concesión -fechada en seis años-al Concello”