Eterna deuda: más de 200 kilómetros de autovías ourensanas encerrados en un cajón

Parece mentira, pero en Ourense las autovías pueden cumplir treinta años sin apenas haber salido del papel. El cúmulo de retrasos, que en algunos proyectos ya supera las tres décadas, demuestra que el Estado sigue sin cumplir sus compromisos con un territorio que asiste, entre la indignación y el desconcierto, al estancamiento de infraestructuras vitales para su desarrollo. Lo que en otras latitudes se resuelve con voluntad política y presupuestos reales, en la Galicia interior se desmorona entre vaivenes administrativos y desidia institucional.

La autovía entre Ourense y Lugo, la A-56, es quizá el monumento más sangrante al abandono de las infraestructuras pendientes. La propuesta de una conexión rápida entre las dos provincias limítrofes formó parte del Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 diseñado por Josep Borrell. Tres décadas y once ministros de Fomento -ahora denominado Transportes- después, la autovía sigue en pañales, con una realidad actual desoladora, ya que solo se han materializado 8,8 kilómetros de los casi 70 necesarios para completar el trazado proyectado. Esa “isla” de asfalto operativa entre San Martiño y A Barrela, que costó 54,8 millones de euros y doce años de obras interrumpidas, corre hoy el riesgo de quedar como un tramo inconexo y absurdo.

El Gobierno, en un alarde de cinismo o de simple desconocimiento del proyecto, abrió a finales de 2025 la puerta a dejar la vía en un simple corredor, eliminando la mediana de separación y reduciendo drásticamente las prestaciones de seguridad de la calzada. Recientemente, el Senado aprobó una moción del PP para instar al Gobierno a ejecutar la vía, pero, en la práctica, esto no es más que un gesto simbólico sin validez operativa. Al ser una iniciativa no vinculante, el Ministerio, hoy en manos de Óscar Puente, puede ignorar el mandato parlamentario mientras la caja de los presupuestos siga cerrada. En su última respuesta parlamentaria, el Ejecutivo central ha definido tres escenarios que entierran la idea de una autovía continua a corto plazo. Por un lado, marca como “prioritarios” los tramos ourensanos hasta San Martiño para dar continuidad al único oasis de asfalto abierto, justificándolo por un tráfico cercano a los 10.000 vehículos diarios. Sin embargo, el resto del trazado en la provincia de Lugo queda relegado a estar “en estudio”, un eufemismo administrativo que en la práctica supone aparcar los proyectos a largo plazo o, peor aún, sustituir la autovía por el polémico sistema de carriles 2+1.

Variante Norte

La integración urbana de la A-56 depende de la Variante Norte, un proyecto que ostenta el récord de llevar 32 años atrapado en la burocracia ministerial. Desde aquel primer estudio informativo de 1994, la tramitación ha avanzado a un ritmo tan lento que equivale a resolver apenas 100 metros de carretera por cada año transcurrido. No hay justificación técnica que explique por qué ha hecho falta más de un cuarto de siglo para que las máquinas hayan empezado a moverse.

Actualmente, la maquinaria trabaja en el primer tramo de 1,7 kilómetros entre Eirasvedras y Quintela, una obra técnica de 40 millones de euros. Sin embargo, la utilidad de esta inversión será nula si no se desatasca el segundo tramo hasta A Casilla. El Ministerio mantiene un silencio administrativo de más de 20 meses sobre la aprobación definitiva del enlace, demostrando que para Ourense solo hay parches temporales que impiden completar la circunvalación necesaria para sacar el tráfico pesado del centro y liberar el margen termal del Miño.

A-76: 22 años de espera

La otra gran herida abierta es la A-76 (Ourense-Ponferrada), el símbolo de una deuda territorial que se ha ido enquistando desde 2004. Tras siete ministros y 22 años de espera para convertir la obsoleta N-120 en una autovía moderna, el primer avance tangible llegó en abril con la aprobación definitiva del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo. Pero la noticia dejaba un sabor amargo en la provincia, ya que se trata de una inversión de 133,5 millones para apenas 6,24 kilómetros situados íntegramente en suelo leonés. De hecho, este jueves el BOE publicaba la aprobación definitiva de este tramo y el inicio de las expropiaciones forzozas. Mientras la conexión con la A-6 empieza a ver la luz, los tramos gallegos en Valdeorras y la Ribeira Sacra siguen paralizados, condenando a sectores estratégicos como la pizarra o el vino a seguir perdiendo competitividad.

Hacia el sur, la desidia se repite con la AG-31. La vía permanece “coja” en Celanova desde el año 2013. Los 39 kilómetros restantes hasta la frontera con Portugal siguen en un limbo administrativo por la falta de una apuesta inversora real que conecte de forma competitiva con el eje Braga-Oporto.

Detrás de todas estas historias de abandono hay dos pésimos protagonistas: PP y PSOE, PSOE y PP. En las últimas tres décadas el Ejecutivo ha cambiado de color hasta en cuatro ocasiones, pero el guion se ha repetido con precisión matemática: los que hoy exigen inversiones desde la oposición son los mismos que las congelaron cuando ocupaban los despachos ministeriales.

En la actualidad, esta parálisis se ve alimentada por la falta de unos presupuestos generales que permitan pasar de los anuncios a las máquinas trabajando. Sin cuentas reales, la provincia queda atrapada en un sistema de partidas testimoniales que solo sirven para que los expedientes no mueran en el papel. Al final, el resultado es una economía provincial que limita su desarrollo por causa de una burocracia que condena a Ourense a seguir viendo cómo el progreso pasa de largo mientras sus proyectos clave descansan en un cajón ministerial.