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Los abundantes ingresos relacionados con la energía eólica impulsan proyectos multimillonarios en Ourense. Sin embargo, también tienen un impacto en la configuración de la provincia a nivel administrativo, social y medioambiental.
Macroparques como el de Rebordechao, en Maceda (154 MW), o el de Prada suponen una preocupación para diversas organizaciones ambientales. Los ecologistas también apuntan al posible fraccionamiento de proyectos para poder tramitar por la vía autonómica, teóricamente menos exigente. Un ejemplo son los parques Orballeira (33 MW), Xeada (33 MW) y Neboada (50 MW), en la zona de Vilamartín, A Rúa y Trives. Comparten la misma subestación, esto es, una única puerta de entrada a la red eléctrica.
La contestación social va pareja al crecimiento del número de proyectos. En zonas como la Limia o la Baixa Limia existe un sector social que se muestra contrario a los parques planificados. Algo que también se da ante parques como el de Prada, Rebordechao o el Galerna. En la otra cara, los propietarios del terreno. El arrendamiento de cada metro cuadrado de un parque eólico se pagaba en 2019 a 0,67 euros, como defiende el citado estudio de Deloitte, mientras que el importe del alquiler para uso agrícola era de 0,018 euros.
Varias organizaciones ecologistas critican los daños ambientales de estos parques. En especial, de los de mayor tamaño. El impacto visual puede ser muy significativo en zonas como Pena Trevinca o en la serra de San Mamede, donde se proyecta el parque de Rebordechao. La fauna también sufre daños. Las sociedades gallegas de Ornitología e Historia Natural y las organizaciones Adega y Hábitat alertaron recientemente de que los parques afectarán, por ejemplo, al águila real -en peligro de extinción- o incluso al oso pardo.
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