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Cada vez más personas viven solas en España y en Europa. Según el INE, los hogares unipersonales ya superan los 5,5 millones (28 % del total) y podrían alcanzar los 7,7 millones en 2039, un tercio del total nacional. En la Unión Europea, el 36 % de los hogares corresponde a adultos sin hijos, y en países como Alemania o Dinamarca superan el 40 %.
Estos datos muestran un cambio social profundo, pero nuestras instituciones siguen actuando como si el modelo de convivencia mayoritario fuera el de pareja o familia tradicional. Las políticas de vivienda, la fiscalidad y los servicios públicos continúan diseñados para dos, mientras la realidad se orienta hacia uno.
Vivir solo no significa necesariamente estar aislado, pero sí asumir costes económicos, emocionales y sociales que el sistema no contempla. Una persona que vive sola paga los mismos gastos fijos que dos, recibe menos apoyo institucional y dispone de menos mecanismos de protección ante la soledad o la dependencia.
Este fenómeno, lejos de ser marginal, es estructural. Las instituciones deben reconocerlo y adaptar sus políticas al dinamismo social actual. Si no lo hacen, se ampliará una nueva brecha: la que separa a la ciudadanía real de unas estructuras pensadas para un pasado que ya no existe.
Pedro Marín Usón
(Ourense)
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