La ley de nietos caduca con el 52,68% de casos sin procesar

Hoy es el último día de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como “ley de nietos”. De 876.321 solicitudes presentadas en consulados del exterior, solo 414.652 nacionalidades han sido aprobadas, lo que se traduce en un índice de respuesta del 47,32% respecto a la demanda general, quedando fuera del circuito de trámite el 52, 68% de solicitantes.

Iberoamérica acumula más del 95% de las solicitudes, junto con el Consulado General de Miami. La distribución geográfica de la demanda es altamente asimétrica: Argentina lidera el ranking de manera abrumadora. Sus cinco consulados han recibido 366.579 solicitudes, lo que representa el 42% del total global de peticiones. El Consulado General de La Habana ha registrado 107.338 solicitudes, constituyendo el 12,24% del total. La combinación de las solicitudes de Argentina y Cuba suma más del 53% de todas las peticiones globales. Entre el resto de países con demanda intensa, se encuentran, Brasil (10,97%), México (9,71%) y Chile (5,04%) también contribuyen significativamente a la sobrecarga consular.

La LMD fue establecida como un instrumento de justicia histórica destinado a saldar una deuda pendiente con los descendientes de aquellos españoles que se vieron forzados al exilio o la emigración. Inicialmente, la ley otorgaba un plazo de dos años para ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española de origen. Sin embargo, ante la masiva demanda, el Consejo de Ministros autorizó una prórroga de un año, fijando el plazo improrrogable que caduca justo hoy.

Quienes no logren presentar su expediente completo, o al menos generar un número de identificación de trámite o justificar una cita antes de esta fecha, perderán irrevocablemente el derecho a optar por la nacionalidad a través de este mecanismo.

Galicia repoblada

La promulgación de la LMD, aunque históricamente reparadora, generó una demanda sin precedentes que ha desbordado la capacidad operativa de los consulados y las instituciones archivísticas. La exigencia de documentación probatoria evidenció una serie de fallos estructurales en la gestión de la diáspora. El resultado ha sido un colapso burocrático que ha trasladado la carga de la prueba a los archivos eclesiásticos, exponiendo la precariedad de los Registros Civiles históricos del Estado. La crisis no reside en la legalidad del derecho, sino en la logística de su ejecución.

El fenómeno de la LMD tiene una resonancia particular en Galicia. La comunidad autónoma es, históricamente, uno de los principales focos de emigración española hacia Iberoamérica, con una diáspora masiva en países como Argentina, Cuba y Venezuela. El volumen de solicitudes acumuladas en estos países implica que una porción significativa del total global de peticiones corresponde a descendientes de gallegos, estimándose esta cifra en un 36,95 % respecto al total de solicitudes.

La Xunta de Galicia ha reconocido el impacto de esta ley en el contexto de su propia política demográfica. La llegada de miles de nuevos ciudadanos españoles con raíces gallegas es vista como un potencial motor de repoblación.

Ourense protagonista

El Archivo Diocesano de Ourense asumió una carga de trabajo superlativa. La institución ha gestionado una media asombrosa de 48.000 solicitudes, focalizadas en la búsqueda de partidas sacramentales. Esta cifra se traduce en aproximadamente 14.750 peticiones revisadas al año, lo que ha convertido al ADO en un centro de tramitación masiva de la memoria familiar gallega.

Para cientos de miles de potenciales beneficiarios que no lograron iniciar el trámite o conseguir una cita justificada a tiempo, su derecho de opción se extinguirá. Este cierre tiene un impacto social profundo, especialmente en países con alta inestabilidad política o económica como Cuba o Venezuela, donde la obtención de la nacionalidad española representa una valiosa “vía de escape” y una apuesta por la estabilidad europea.

Pablo Cid, en calidad de técnico, nos comparte cómo ha sido la última semana en el Archivo Diocesano de Ourense: “Hemos estado al máximo con todo: una media de diez personas acudiendo presencialmente, 60 o 70 correos, el teléfono que no paraba de sonar, en fin, una auténtica locura, pero ya entre hoy y ayer, puedo decir que el archivo ha estado vacío, pues ya los genealogistas han cubierto sus demandas”.

Organizaciones políticas y el propio Congreso de los Diputados han manejado iniciativas para habilitar disposiciones que eviten la caducidad total de los procedimientos. Sin embargo, la crisis estructural y funcional de este 2025 demuestra que el diseño legislativo temporal, combinado con la falta de recursos asignados a los consulados, convierte el derecho de opción en una carrera de obstáculos, provocando que la demanda desborde el sistema y frustre a los descendientes de la diáspora.