Canarias y Euskadi alertan de las incertidumbres del Pacto Europeo de Migración a unos días de su entrada en vigor
PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN
Fernando Clavijo advierte de que las regiones fronterizas podrían asumir una mayor presión migratoria y reclama más garantías para los derechos de las personas migrantes
Los gobiernos de Canarias y Euskadi han expresado su preocupación por las consecuencias que puede tener la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 12 de junio. Ambas comunidades autónomas consideran que persisten importantes lagunas e incertidumbres sobre el alcance real de las nuevas normas y su impacto en los territorios que gestionan una parte significativa de los flujos migratorios hacia Europa.
Las advertencias se produjeron hace unos días, durante la jornada “Pacto Europeo de Migración y Asilo: Retos e incertidumbre ante su inminente implementación”, organizada en Madrid por el Gobierno de Canarias y el Gobierno vasco, con la participación de cerca de medio centenar de organizaciones no gubernamentales y entidades especializadas en atención a personas migrantes.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que el nuevo marco europeo plantea más interrogantes que certezas y mostró su preocupación por algunos de los mecanismos contemplados en el acuerdo, especialmente aquellos relacionados con la solidaridad entre los Estados miembros.
Según explicó, la posibilidad de que determinados países contribuyan económicamente en lugar de asumir la acogida de migrantes puede derivar en una concentración de responsabilidades en los territorios fronterizos de la Unión Europea. En este sentido, advirtió de que regiones como Canarias corren el riesgo de convertirse en espacios de retención donde “los derechos humanos, la dignidad y la atención a las personas migrantes pasen a un segundo plano”.
Mayor presión sobre las regiones fronterizas
Clavijo explicó que Canarias se encuentra en una posición especialmente sensible como principal puerta de entrada a Europa de la migración procedente de África a través de la Ruta Atlántica. Recordó que actualmente la comunidad autónoma tutela a cerca de 3.000 menores migrantes no acompañados y que más de 165.000 personas han llegado al archipiélago durante los últimos cinco años.
El presidente canario también criticó que ni las instituciones europeas ni el Gobierno de España hayan contado con Canarias para la elaboración y planificación de las medidas que acompañarán la puesta en marcha del pacto. A su juicio, la falta de información y coordinación dificulta la preparación de los servicios públicos y de las organizaciones que trabajan sobre el terreno.
Entre las principales preocupaciones figura la aplicación del Reglamento de Triaje, que podría ampliar hasta seis meses la permanencia de los migrantes en territorio insular durante el proceso de evaluación de su situación, frente al plazo aproximado de un mes que se maneja actualmente. Esta circunstancia, señaló, podría incrementar la presión sobre los recursos asistenciales, los empleados públicos y las organizaciones sociales.
Euskadi reclama claridad y participación
Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, aseguró que el nuevo pacto europeo modificará sustancialmente la gestión migratoria y reclamó una mayor claridad sobre las responsabilidades que deberán asumir las comunidades autónomas.
Melgosa señaló que Euskadi necesita conocer con precisión los recursos disponibles, los procedimientos previstos, los mecanismos de coordinación y las garantías de protección para las personas más vulnerables, especialmente menores y solicitantes de asilo.
La responsable vasca defendió que las políticas migratorias no pueden diseñarse desde una perspectiva alejada de la realidad territorial y recordó que las decisiones adoptadas en Bruselas y Madrid tienen consecuencias directas sobre los servicios públicos y la convivencia en comunidades como Euskadi y Canarias.
Asimismo, reivindicó el modelo vasco de acogida, basado en la planificación, la coordinación institucional y la colaboración con el tercer sector, y reclamó que la solidaridad europea se traduzca en medidas concretas, financiación suficiente y una distribución equilibrada de responsabilidades.
Expertos analizan las lagunas del nuevo marco europeo
La jornada, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, reunió a especialistas del ámbito académico, institucional y social para analizar las implicaciones del nuevo pacto.
Entre los participantes figuraron representantes de organizaciones como CEAR, ACCEM, CEPAIM y Save the Children, así como expertos del Real Instituto Elcano y responsables de la Policía Nacional. Los ponentes coincidieron en señalar que el acuerdo europeo contiene aspectos que todavía generan dudas sobre su aplicación práctica, especialmente en cuestiones relacionadas con los procedimientos fronterizos, el acceso al asilo, la protección de la infancia migrante y las políticas de retorno.
Los expertos también analizaron el endurecimiento de las políticas migratorias en diversos países europeos y las crecientes presiones para externalizar la gestión de las solicitudes de protección internacional fuera de las fronteras de la Unión.
Coincidiendo con la visita del Papa a Canarias
La entrada en vigor del pacto europeo coincidirá además con la visita del papa León XIV a Canarias. Clavijo expresó su deseo de que esta visita contribuya a reforzar el mensaje de solidaridad, respeto a los derechos humanos y protección de las personas que se ven obligadas a abandonar sus países en busca de seguridad y oportunidades.
El presidente canario lamentó también la ausencia de representantes del Gobierno de España en la jornada de trabajo celebrada en Madrid y reiteró la necesidad de que las comunidades autónomas participen activamente en el diseño y desarrollo de las medidas que acompañarán la implementación del nuevo marco europeo.
A pocos días de su entrada en vigor, Canarias y Euskadi coinciden en reclamar más información, mayor coordinación institucional y garantías suficientes para que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo no suponga un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
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