¿Qué hace falta para reformar el Código Civil y dar una respuesta definitiva a la nacionalidad de los descendientes de españoles?

La reforma del Código Civil en materia de nacionalidad se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de la ciudadanía española en el exterior y ha tomado mayor fuerza tras la polémica suscitada por la suspensión cautelar del Supremo a los españoles nacionalizados a través de la "ley de nietos".

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) reclama una regulación permanente que permita resolver situaciones históricas que considera discriminatorias y facilite el acceso a la nacionalidad de los descendientes de emigrantes, sin depender de leyes extraordinarias sujetas a plazos.

La propuesta cuenta con el respaldo expreso de Coalición Canaria, mientras que Sumar ha registrado una iniciativa parlamentaria centrada en la nacionalidad por residencia y la conservación de la nacionalidad de origen. Por su parte, el Partido Popular ha anunciado una reforma propia que pone el acento en el arraigo, la vinculación efectiva con España y un mayor control de los procedimientos de concesión.

La reforma que reclama el CGCEE

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior propone modificar cuatro artículos del Código Civil —20, 23, 24 y 26— para establecer una regulación estable del acceso a la nacionalidad y corregir situaciones que considera discriminatorias. La finalidad es que los descendientes de la emigración puedan acogerse a una normativa permanente, en lugar de depender de leyes temporales como la Ley de Memoria Democrática o con anterioridad la Ley de Memoria Histórica.

Uno de los ejes de la propuesta es reparar el perjuicio sufrido por los hijos de madres españolas nacidos antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, cuando las mujeres no podían transmitir la nacionalidad en las mismas condiciones que los hombres. El Consejo plantea que estas personas puedan optar a la nacionalidad española y que se corrijan las desigualdades históricas derivadas de aquella legislación, tal y como recoge la polémica instrucción adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

La iniciativa también busca ampliar el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles de origen, incluso cuando sus antepasados hubieran perdido la nacionalidad española. Otro de los cambios propuestos afecta a los cónyuges extranjeros de españoles de origen residentes en el exterior. El CGCEE plantea que puedan optar a la nacionalidad después de dos años de matrimonio, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la propuesta.

En cuanto a la conservación de la nacionalidad, el Consejo propone eliminar la obligación general de renunciar a la nacionalidad anterior para adquirir la española. También plantea que la nacionalidad española solo pueda perderse mediante una renuncia expresa y voluntaria ante el Registro Civil, evitando que se produzcan pérdidas por no realizar una declaración dentro de un plazo administrativo.

Por último, la reforma pretende simplificar la recuperación de la nacionalidad para quienes la hayan perdido. La propuesta contempla que baste con declarar la voluntad de recuperarla ante el Registro Civil, tanto en España como en una oficina consular, y formalizar la correspondiente inscripción.

El CGCEE presentó esta propuesta, expansiva, que abre la mano a supuestos hasta ahora no contemplados en anteriores legislaciones, ante la Comisión de Justicia del Congreso en octubre de 2024 y la trasladó posteriormente al Senado. Sin embargo, el Consejo no dispone de iniciativa legislativa propia, por lo que necesita que los grupos parlamentarios o el Gobierno impulsen formalmente los cambios que piden.

El PP: arraigo, vinculación con España y mayor control

El Partido Popular ha anunciado que trabaja en una reforma del Código Civil con un enfoque diferente. En julio de 2026, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, defendió que el acceso a la nacionalidad debe tener en cuenta el arraigo y la "presencia afectiva y efectiva" del solicitante en España. También cuestionó la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática que ha permitido tramitar solicitudes de descendientes más allá de los nietos.

Feijóo ha defendido que los nietos de españoles que acrediten su parentesco puedan acceder a la nacionalidad, pero sostiene que la regulación debe delimitar el alcance de ese derecho y evitar que se extienda a otros grados de descendencia mediante instrucciones administrativas. El PP ha cuestionado específicamente la interpretación que amplió la aplicación de la conocida como «ley de nietos» a bisnietos y tataranietos, y ha reclamado que se revise.

La formación popular también ha situado entre sus prioridades el control de la documentación presentada en los procedimientos de nacionalidad. Feijóo ha expresado sus objeciones a que la comprobación de los expedientes se delegue en determinadas entidades y ha defendido que el Estado garantice la fiabilidad de los procesos.

Por el momento, el anuncio del PP apunta a una reforma que busca establecer condiciones más delimitadas para el acceso a la nacionalidad y reforzar los criterios de vinculación con España. En su comparecencia de julio, Feijóo no detalló un articulado completo ni presentó públicamente todos los cambios que incluiría la iniciativa.

Coalición Canaria respalda la propuesta de la diáspora

Coalición Canaria ha expresado su apoyo a la reforma del Código Civil planteada por el CGCEE. La formación defendió que la regulación de la nacionalidad debe tener un carácter estructural y permanente, en lugar de depender de leyes con plazos limitados.

El partido considera que las convocatorias extraordinarias pueden dejar fuera a personas que no consiguen reunir a tiempo la documentación necesaria o que no logran tramitar sus expedientes debido a la saturación de los consulados y los registros civiles. Su secretario de Políticas en el Exterior e Interculturalidad, José Téllez, ha advertido de que estas dificultades perjudican especialmente a los descendientes de emigrantes y a quienes sufren las consecuencias de las desigualdades históricas en la transmisión de la nacionalidad.

Coalición Canaria respalda, en concreto, que se facilite el acceso a los descendientes de españoles, se corrija la discriminación que afectó a quienes descienden de mujeres españolas y se establezca que la pérdida de la nacionalidad responda a una renuncia expresa. También apoya simplificar su recuperación mediante una declaración ante el Registro Civil.

A diferencia de Sumar, que ha registrado una proposición de ley propia centrada en la nacionalidad por residencia y la conservación de la nacionalidad de origen, Coalición Canaria ha manifestado su apoyo a la propuesta integral del CGCEE.

Sumar: contar el tiempo de estancia y facilitar la doble nacionalidad

Por su parte, Sumar registró en octubre de 2025 una proposición de ley relativa a la obtención de la nacionalidad española por residencia y la conservación de la nacionalidad de origen. La iniciativa se centra en modificar los requisitos para las personas extranjeras que viven legalmente en España y en eliminar la obligación general de renunciar a su nacionalidad anterior.

Uno de los cambios más relevantes consiste en permitir que el tiempo de estancia legal —por ejemplo, el correspondiente a estudios, prácticas o investigación— pueda computarse a efectos de solicitar la nacionalidad por residencia. La propuesta pretende que esos años no queden excluidos del cómputo por el hecho de que la autorización administrativa sea de estancia y no de residencia, siempre que se cumplan las condiciones legales previstas.

Sumar también propone suprimir el requisito de renunciar a la nacionalidad de origen para adquirir la española por residencia, opción o carta de naturaleza. La formación considera que mantener ese requisito constituye una barrera para personas que han desarrollado su vida en España y desean conservar sus vínculos familiares, culturales y jurídicos con su país de origen.

La iniciativa incluye, además, cambios relacionados con la pérdida de la nacionalidad de quienes no son españoles de origen, vinculados a la eliminación de la obligación de renuncia. Se trata, por tanto, de una reforma centrada principalmente en las condiciones de adquisición por residencia y en la posibilidad de mantener la nacionalidad anterior, y no de una reproducción íntegra de la propuesta del CGCEE sobre los descendientes de la emigración. La proposición de Sumar fue registrada en el Congreso y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en noviembre de 2025.

¿Puede impulsarse una reforma también desde la ciudadanía?

Existen varias vías para promover una reforma del Código Civil. El Gobierno puede hacerlo mediante la aprobación de un proyecto de ley en el Consejo de Ministros, y elevarlo directamente al Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados y el Senado, a través de proposiciones de ley podrían promover una reforma, pero no solo. Las Comunidades Autónomas, tendrían capacidad de hacerlo solicitando al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o bien remitiendo directamente una proposición de ley a la Mesa del Congreso.

Y por último exite la vía ciudadana en forma de Iniciativa Legislativa Popular, que tendría que estar respaldada, a través de una proposición de ley por, al menos, 500.000 firmas y superar el procedimiento de admisión y validación previsto en la ley. No obstante, no garantiza que la propuesta vaya a ser aprobada: el Congreso debe decidir si la toma en consideración y, en su caso, tramitarla.

En la práctica, para una reforma de alcance estatal como esta, la interlocución con los grupos parlamentarios y la búsqueda de apoyos dentro de las Cortes son vitales para intentar convertir la propuesta en ley. El reto para la colectividad española en el exterior será lograr que los partidos políticos concreten su posición y que la demanda de una regulación permanente se traduzca en una iniciativa con posibilidades reales de prosperar. Su futuro dependerá, en buena medida, de quién gobierne y de cómo quede configurado el arco parlamentario, ya que la composición de las Cortes determinará las mayorías necesarias para sacar adelante una reforma o no.