Violeta Alonso celebra la aprobación del Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior tras casi 20 años de espera

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, ha valorado muy positivamente la aprobación del Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior por parte del Consejo de Ministros, una norma que el colectivo llevaba casi 20 años esperando. "Es una buena noticia para la emigración", señala Alonso, que recuerda que el Estatuto data de 2006 y que su desarrollo reglamentario esta pendiente desde entonces.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes, el Real Decreto que desarrolla el Reglamento de la Ley 40/2006. La nueva norma culmina el desarrollo reglamentario del Estatuto y reúne en un único texto materias que hasta ahora estaban reguladas en distintas disposiciones, como la participación institucional, las prestaciones económicas, la asistencia sanitaria, las subvenciones y las políticas de retorno.

El reglamento pretende adaptar el marco normativo a la realidad actual de la ciudadanía española residente fuera del país, que supera ya los 3,2 millones de personas. Entre sus principales novedades figuran la creación de un certificado de persona española retornada, la actualización de los órganos de representación, el refuerzo de la protección a colectivos vulnerables y nuevas medidas de apoyo al movimiento asociativo.

Alonso destaca especialmente, a la espera de su publicación el próximo 9 de noviembre, los cambios que afectan al Consejo General, entre ellos el aumento de sus representantes electos, que pasan de 43 a 51, y el incremento del número de federaciones. También valora que el órgano vaya a disponer de un presupuesto propio, una medida que puede reforzar su autonomía y capacidad de actuación.

No obstante, considera que el aspecto fundamental será garantizar que el reglamento pueda aplicarse de manera efectiva. "Puedes tener una buena ley, la tienes que desarrollar en un reglamento, pero si no tienes recursos, no tienes nada", advierte. Por eso, insiste en la necesidad de contar con medios suficientes y de que el Consejo General participe y colabore en la puesta en marcha de las medidas.

La presidenta señala que el texto recoge distintas peticiones trasladadas desde el propio Consejo y considera especialmente importante el avance en materia de protección a las mujeres. Destaca que por primera vez se incorporen medidas específicas de apoyo y reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia de género residentes en el exterior, así como disposiciones dirigidas a sus descendientes.

Otro de los puntos que valora positivamente es la regulación de la Oficina Española del Retorno, que ofrecerá información, orientación y acompañamiento a las personas que decidan regresar a España. Su actividad podrá extenderse mediante puntos de información en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a través de mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales.

La norma crea, según adelantó el Gobierno sucintamente en una nota de prensa, un certificado específico de persona española retornada, que permitirá acreditar esta condición y facilitar el acceso a las políticas y programas previstos. Además, establece que el Gobierno deberá regular, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Reglamento, una ayuda económica destinada a facilitar el regreso de personas españolas de origen que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Finalmente, el texto, también incorpora asimismo medidas relacionadas con las prestaciones para mayores de 65 años, personas con incapacidad absoluta , además de actuaciones de asistencia sanitaria y apoyo social. También actualiza la regulación del Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior, con el objetivo de adecuarlo a la realidad actual del movimiento asociativo.