Los españoles que viven en el extranjero superan el 7% de los llamados a votar el 29-N

España convoca a casi 38,73 millones de personas a las urnas el próximo 29 de noviembre, en unas elecciones generales en las que el voto exterior tendrá un peso especialmente relevante: unos 2,77 millones de personas están llamadas a votar fuera de las fronteras del país.

De este modo, el voto exterior representa ya más del 7% del censo, y gana peso con rapidez: en los últimos tres años ha sumado más de 444.000 electores, lo que devuelve un incremento cercano al 19% desde las anteriores legislativas. En cambio, en el mismo período, las personas con derecho a voto que residen en España únicamente han aumentado un 2,3%, al sumar casi 817.600 potenciales votantes. Así pues, más de un tercio del crecimiento del cuerpo electoral procede de ciudadanos que no habitan en el país.

Fundamentalmente, proceden de Argentina. Casi uno de cada cinco inscritos residen en el país austral, que con cerca de 525.000 anotados en el censo casi duplica los 267.400 procedentes de Francia, el segundo país por aportación. Estados Unidos, con 213.000 personas, completa el podio, del que se quedan fuera por poco países como México (192.000) o Cuba (169.000). La suma de estos cinco supone prácticamente la mitad de los inscritos para votar fuera de España, que se completa casi en su totalidad con residentes en Europa —Alemania, Reino Unido, Suiza y Bélgica— y Latinoamérica —Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile o Colombia—.

Estos datos han sido publicados por el INE coincidiendo con la polémica suscitada alrededor de la denominada ley de nietos, que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a cientos de miles de descendientes de exiliados. En medio de las dudas sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de concesión del pasaporte, el Tribunal Supremo decidió —antes de que Pedro Sánchez decidiese adelantar las elecciones— poner en suspenso cautelarmente el derecho a voto de los nuevos españoles, y ahora tiene sobre la mesa la urgencia de decidir si mantiene, como pide la ultraderecha, esa decisión o si acepta el planteamiento de Fiscalía y Abogacía del Estado.

En concreto, los servicios jurídicos del país alegan que no es factible separar antes de los comicios qué inscritos en el censo electoral exterior obtuvieron la nacionalidad por la citada ley de nietos y quiénes accedieron a ella por otras vías, por lo que los servicios consulares no tienen forma de aplicar esa suspensión.