La UE blinda las dudas de Bélgica para acudir a los activos rusos congelados

guerra en Ucrania

Von der Leyen asegura que se han tenido en cuenta "casi todas las preocupaciones de Bélgica" en una propuesta que invalida cualquier reclamación a un solo Estado y que no requiere la unanimidad de los Veintisiete

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

La Comisión Europa redobla su apuesta por la utilización de los activos rusos congelados para seguir financiando a Ucrania. La clara oposición de Bélgica, el país donde están residenciados la mayor parte de estos fondos, no ha bastado para que la presidenta Von der Leyen diese marcha atrás en un plan de respaldo de Kiev fundamentado en el efectivo generado por estos bienes para suscribir un préstamo de reparaciones.

Las necesidades económicas de Ucrania son ya conocidas, pues la UE cifró en torno a los 135.000 millones de euros la cuantía que requeriría para afrontar sus gastos en materia de seguridad y defensa durante los próximos dos años, y las opciones que la Comisión tenía sobre la mesa, también: recurrir al efectivo generado por los activos rusos congelados, conceder una ayuda financiada a través de créditos formalizados por cada Estado y emitir deuda conjunta procedente de la salida a los mercados financieros con el respaldo del presupuesto comunitario.

Sin embargo, hoy la presidenta de la Comisión Europea se ha centrado en la primera de esas alternativas, aunque no ha desechado la tercera, que tendría como objetivo costear un préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania. La diferencia es que mientras esta segunda fórmula requeriría del acuerdo unánime de los Veintisiete, la utilización de los activos rusos congelados, que goza ya del beneplácito de aproximadamente el 75% de los Estados miembros, puede activarse por mayoría cualificada.

Así lo ha dicho Von der Leyen en una comparecencia en la que, ante el rechazo de Bélgica por temor a las represalias del Kremlin si se acude a los saldos de los activos rusos inmovilizados, ha presentado la base legal de una medida que "se ajusta al derecho internacional" y que tiene en cuenta "casi todas las preocupaciones" del gobierno belga. Así, establece "fuertes salvaguardas" para "proteger a los Estados miembros y reducir los riesgos tanto como sea posible"; un argumento al que el comisario económico, Valdis Dombrovskis, ha añadido que se trata de una opción "jurídicamente sólida", que "respeta el principio de inmunidad soberana".

Además, a juicio de la presidenta comunitaria, recurrir a esta fórmula no solo garantiza un acceso más rápido a la financiación (llegaría en el segundo trimestre de 2016), sino que "maximiza la presión sobre Rusia". "Garantiza que Ucrania cuente con los medios para defenderse y avanzar en las negociaciones de paz desde una posición de fuerza", ha concluido sobre una propuesta que estará sobre la mesa de los jefes de Estado y de gobierno de la UE en la cumbre del 18 y 19 de diciembre.

La garantía, el presupuesto comunitario

Otra de las ideas en la que han hecho hincapié tanto Von der Leyen como el comisario Dombrovskis es que se trata de un préstamo y no "una confiscación", como advierte Bélgica, de tal modo que Kiev deberá devolver ese dinero si, una vez concluida la guerra, Rusia asume su responsabilidad y compensa financieramente a Ucrania por los daños provocados por la invasión.

Además, el comisario económico ha señalado que la garantía del préstamo es el propio presupuesto europeo y que las salvaguardas legales diseñadas protegerían a los Estados de un pago individual al tratarse de acciones acordadas por el bloque y, por tanto, enmarcadas dentro del marco legal del derecho comunitario e internacional.

Así es que ha considerado "improbable" que un solo Estado fuese requerido para asumir una eventual reclamación, pero, en todo caso, la arquitectura de la propuesta invalida que estas pudieran ejecutarse en territorio comunitario. De igual modo, ha indicado que incluye mecanismos específicos para disuadir a terceros de facilitar la ejecución de reclamaciones en nombre de Rusia tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

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