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El famoso economista francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, no conoció a Pedro Sánchez ni al PSOE. Sin embargo, fue capaz de predecir lo que estamos viviendo en la actualidad con una prístina claridad. Es casi milagroso cómo un francés que murió hace 175 años fue capaz de diseccionar, con un preciso bisturí económico, el sistema político que hoy asfixia a España. La perversión de la ley que denunció Bastiat es, palabra por palabra, la radiografía exacta de este gobierno sanchista: un aparato estatal transformado en máquina de expoliación, camuflado bajo nobles palabras como “progreso”, “solidaridad” y “justicia social”.
Decía Bastiat que la ley debía ser simple: proteger la vida, la libertad y la propiedad. Nada más. Porque cuando la ley excede ese marco y se convierte en herramienta de redistribución forzada, cae presa de lo que él denominaba la expoliación legal -es decir, el robo legalizado bajo apariencia de ley-.
Hoy, el sanchismo ha elevado esta doctrina a sistema de gobierno. El PSOE ha convertido la acción de gobierno en su principal instrumento de poder clientelar, usando la fuerza colectiva no para proteger derechos, sino para violarlos en favor de los propios. Donde la ley debía ser un escudo de protección para los ciudadanos es, hoy, un martillo con el que se ejerce la coacción institucional.
Y, como advirtió Bastiat, no basta con expoliar: es necesario aniquilar al disidente que osa señalar la corrupción del sistema. Por eso el PSOE, junto a su maquinaria mediática, lanza ataques coordinados contra los jueces que investigan estos casos o contra políticos y periodistas disidentes del relato oficial.
Las recientes investigaciones de la UCO no hacen sino evidenciar esta perversión. El caso de Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez, es puro Bastiat: supuestos cobros de comisiones, adjudicaciones públicas amañadas, empresas favorecidas desde el Estado a cambio de dinero para la trama, primarias amañadas, pagos de favores… ¿Quién legisla? Aquellos que se enriquecen con la ley.
Y, como advirtió Bastiat, no basta con expoliar: es necesario aniquilar al disidente que osa señalar la corrupción del sistema. Por eso el PSOE, junto a su maquinaria mediática, lanza ataques coordinados contra los jueces que investigan estos casos o contra políticos y periodistas disidentes del relato oficial. Bastiat lo explicó con escalofriante claridad: cuando la ley se convierte en herramienta de saqueo, quien la cuestiona es tachado de “enemigo del Estado”, “conspirador” o “agitador peligroso”. El lenguaje se ha actualizado tras más de siglo y medio. Ahora se llama “fango”, “fachosfera”, “bulos” o “lawfare”, pero se trata de lo mismo. La presión pública no castiga a los expoliadores, sino que castiga a quienes denuncian la expoliación.
Mientras la Guardia Civil detalla los indicios del cobro de mordidas por parte de dirigentes socialistas, Moncloa responde con el viejo manual de resistencia política, no han inventado nada. Construir una barrera que blinde al líder, negar que los hechos tengan alguna relación con él, crear un chivo expiatorio al que expulsar del partido y sacar pecho sobre la honradez y limpieza de los miembros del partido que, por supuesto, no sabían nada de nada. Conviene aderezar todo con una pantomima plañidera en forma de rueda de prensa, donde sale uno con rostro compungido de dolor y desesperanza, al borde de un impostado llanto y pide perdón a la ciudadanía para continuar en el cargo, que es lo único importante. Vergüenza ajena.
Pero no es solo Santos Cerdán. Desde el caso Koldo hasta el hermano del presidente en Extremadura o la mujer del presidente desde su cátedra low cost, el PSOE ha tejido una red donde el Estado está colonizado por cargos afines cuya función es lubricar la maquinaria de extracción de rentas públicas. Exactamente lo que Bastiat definía como “colocar la fuerza colectiva al servicio de quienes quieren explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la propiedad ajena”.
El ciudadano de a pie, que debería estar protegido por la ley, queda convertido en fuente del botín fiscal. Porque el sanchismo, en nombre de la “justicia redistributiva”, expolia al trabajador para sostener redes clientelares, subvencionar medios afines, financiar lobbies ideológicos y alimentar estructuras de partido camufladas como “Estado del Bienestar”. Bastiat, una vez más, lo explicó con precisión milimétrica: “la ley, en vez de proteger el trabajo, protege la holgazanería de unos a costa del trabajo de otros”.
La consecuencia lógica de esta degradación es la descomposición institucional. Bastiat avisaba: “cuando la ley se vuelve instrumento de robo, la sociedad entra en un ciclo de conflictos permanentes”. Estaríamos ciegos si no supiéramos verlo: los españoles enfrentados entre nosotros, unos defendiendo al saqueador que les concede migajas, otros exigiendo que cese el saqueo; unos peleando por un trozo del botín, otros rogando que la ley vuelva a ser justicia. Mientras el PSOE siga sosteniendo su poder sobre la base de esta expoliación legal, los casos de corrupción no son anomalías: son la norma de funcionamiento. Bastiat lo sentenció con crudeza: “la expoliación legal, lejos de ser la excepción, se convierte en el sistema”.
Hoy España necesita menos socialismo y más Bastiat. Necesita menos legisladores organizando el expolio colectivo, y más límites a su capacidad de fabricar leyes que violen la libertad, la propiedad y la dignidad de los ciudadanos. Y, sobre todo, necesita urgentemente que la ley vuelva a ser justicia organizada, no la coartada de una mafia política disfrazada de gobierno democrático.
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